17 de January de 2010 00:00

Jueces destituidos en Guayas tramitaron casos polémicos

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Redacción Guayaquil

Los siete jueces destituidos recientemente por el Consejo de la Judicatura en Guayas tramitaron juicios polémicos y de connotación nacional. Hay casos de tráfico de personas, estafa, narcotráfico, asesinato, sicariato, explotación sexual, acciones de protección y hasta de rebelión por una agresión al presidente de la República, Rafael Correa.

En 2004, Luis Santana, sustanció en el Juzgado Segundo Penal, el caso de coyotaje Estrella de Mar. Los imputados, supuestamente, eran de una de las mayores redes de tráfico de personas de Sudamérica. Llamó a juicio a los procesados, pero la resolución fue apelada y el proceso subió a la Primera Sala Penal de la Corte.

12 tribunales
penales hay en el distrito de Guayaquil, luego de la reforma que hubo en la Justicia.

La Embajada de Estados Unidos cuestionó la lentitud de  los jueces de esa Sala para tramitar el pedido, y presentó una queja al entonces presidente de la ex Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco. El Consejo Nacional de la Judicatura abrió un expediente para investigar la actuación de los magistrados de esa Sala.

Santana también tramitó, dos años después, el juicio Tormenta del Pacífico, en el cual fueron detenidas 39 personas e incautados 22 inmuebles y nueve embarcaciones. Además, se decomisaron 3 700 paquetes de clorhidrato de cocaína, de una organización que operaba además en Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

Los otros destituidos
Édgar Salazar Vera, cuando fue  encargado del Juzgado Séptimo, anuló un juicio del ex banquero Fernando Aspiazu.
También tenía el caso de estafa masiva en la urbanización Valle Alto, en contra del constructor Alfredo Mancheno.
La Primera Sala Penal,    integrada por Carlos Ortega, Faustino Castro y Marco Quimi, revisó los juicios por los asesinatos del capitán Byron Palacios, Sonia Jaramillo y Claudia Poppe.

El año pasado, Santana ordenó la devolución de los bienes de los implicados, entre ellos los de José Salazar, conocido como el ‘Paisa’. Se trata de una mansión en Manta, que era ocupada por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Este ex Juez también llevó un juicio en contra de María Luisa Benavides, acusada por la Fiscalía de supuesta estafa masiva.

Además, tuvo en sus manos el juicio de cuatro integrantes de la banda Los Choneros, de Manabí, detenidos por tráfico de drogas. Pero cuando el juez vigésimo cuarto de Garantías Penales, Johann Marfetán, estuvo encargado de su despacho, anuló el proceso y liberó a los acusados argumentando un  juicio similar en otro Juzgado.

Zoila Alvarado, en su gestión como jueza cuarta de lo Penal, conoció el juicio en contra de 13 policías acusados por la desaparición de electrodomésticos en un allanamiento a la casa de Benavides. Ella liberó a los procesados.

También le tocó tramitar el proceso por rebelión en contra de los seis estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil, que fueron acusados por el fiscal Francisco Campodónico de agredir al Presidente. El supuesto delito ocurrió el 16 de agosto de 2008, al finalizar un enlace sabatino en ese centro de estudios. El 9 de abril de 2009, Alvarado sobreseyó definitivamente a los procesados: Rodolfo Baquerizo, Pedro Buitrón, Francisco Ycaza, César Coronel, Raúl Goméz-Lince y Karol Solórzano.

El ex juez octavo de lo Penal, Galo Almeida, tramitó el único juicio que tienen activos los hermanos José y Carolina Cabrera Gallardo, hijos del fallecido notario de Machala, José Cabrera Román. El caso investiga sobre la presunta captación ilegal de dinero que fue denunciada por Marco Valarezo Ramírez. Los acusados fueron llamados a juicio. El proceso pasó al Tercer Tribunal Penal.

También sustanció la acción de protección que presentó Wilson Sánchez, ex candidato a parlamentario andino por el Prian, en la que pidió la suspensión de las elecciones del 14 de junio pasado. La petición no fue acogida.

Asimismo tuvo a cargo el enjuiciamiento del ucraniano Gennadi B., acusado de explotación sexual por su conviviente, la boliviana Juana C. El sindicado fue sentenciado a cuatro años de prisión.

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