13 de diciembre de 2017 16:08

Tres jueces que deliberan sobre Jorge Glas anuncian este miércoles 13 de diciembre su sentencia

Ayer, Carlos Portillo, hermano de Gerardo, ingresó al Centro de Detención Provisional de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Ayer, Carlos Portillo, hermano de Gerardo, ingresó al Centro de Detención Provisional de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Reds. Guayaquil y Seguridad (I)

La diligencia está confirmada para las 16:00 de este miércoles 13 de diciembre del 2017. Los tres jueces del Tribunal Penal están convocados para dar a conocer si los nueve procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht son condenados o no.


En Guayaquil, el abogado del vicepresidente Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, dijo que confía en que los magistrados emitan una sentencia absolutoria a favor de su defendido.

Desde su oficina, ubicada en el centro de Guayaquil, el jurista aseguró que ni la Procuraduría ni la Fiscalía ni César Montúfar (como acusador particular) pudieron probar que Glas haya incurrido en el tipo penal investigado. “Todos los testigos, inclusive de la Fiscalía, indicaron de manera clara y objetiva que no aparece el nombre de Jorge Glas en ninguna de las contrataciones, porque el Vicepresidente no formó parte de grupos, de comisiones técnicas en los proyectos emblemáticos”.

Casi a la misma hora en que Franco hablaba desde el Puerto Principal, en Quito, la Fiscalía General del Estado indicaba que se han presentado las pruebas del caso. “En este momento es la decisión de los jueces, quienes tienen que establecer si hay culpabilidad o inocencia. La Fiscalía va a continuar trabajando de una manera seria y profunda”.

Durante la diligencia, el Fiscal se basó en el Código Penal que estaba vigente a la fecha en que se habría producido el ilícito y pidió que se aplique la máxima sanción para el Vicepresidente. El artículo 370 de esa norma fija una condena máxima de 6 años para quienes se asocian para delinquir.

“Ha quedado comprobado que tuvo poder e injerencia en estos proyectos”, dijo Fiscalía con relación a las cinco obras donde aparentemente hubo pago de sobornos. Se refería al Poliducto Pascuales-Cuenca, a la Hidroeléctrica Manduriacu, Acueducto La Esperanza, Trasvase Daule-Vinces y la Refinería del Pacífico.

El proyecto más costoso es el relacionado con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue adjudicado a Odebrecht, el 3 de octubre del 2013, por USD 370 millones (sin incluir IVA), tras un concurso público.

En ese proceso de licitación participaron otros tres consorcios, pero fueron descalificados. El informe de la comisión que evaluó las ofertas de Petroecuador señala que Consorcio Internacional PPC, Sinopec e ICC-Conkor no cumplieron con requisitos y por eso se los excluyó.

Según ese documento, faltó, por ejemplo, la presentación de precios unitarios para la obra, balances financieros, el cronograma de trabajo, etc.

Ayer, Franco señaló que el juicio se ha tornado político y que el Ejecutivo no puede “intimidar” a la Función Judicial.

Esta afirmación la hizo luego de que el presidente Lenín Moreno asegurara, en el espacio El Gobierno Informa, que ni él ni el país permitirán una tomadura de pelo y una “burla a la justicia ni en este caso ni en ningún otro”.

El Jefe de Estado sostuvo que los entes de justicia “tomarán una decisión, que apunta a resolver un caso que ha conmocionado al país”.

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