15 de diciembre de 2016 21:57

Jueces de la Corte Provincial ratificaron la orden de prisión de Marco Calvopiña y un excontratista

Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador detenido, acudió a una audiencia. Foto: EL COMERCIO

Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador detenido, acudió a una audiencia. Foto: EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 3
Triste 0
Indiferente 2
Sorprendido 0
Contento 56
Sara Ortiz

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, presidida por la jueza Dilsa Muñoz, negó la apelación a la prisión preventiva de Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, y de Eduardo V., excontratista petrolero.

Los dos sospechosos son investigados por la Fiscalía por un presunto delito de delincuencia organizada. Ambos fueron detenidos tras los allanamientos a sus viviendas el pasado 11 de noviembre. En la audiencia donde se revisó la medida cautelar, los abogados de los procesados resaltaron una aparente “falta de motivación” y la carencia de evidencias suficientes en contra de sus clientes.

Según la Fiscalía, el exgerente está vinculado a este caso por dos transferencias de USD 400 000 realizadas entre la ‘offshore’ panameña Girbra, de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y la firma Kilkenny Business, en Bahamas, supuestamente relacionada con Calvopiña.

Sin embargo, durante las dos horas y media que duró el debate, el fiscal que lleva el caso, Franklin Bravo, no presentó ningún documento en donde se relacione a esa empresa con el exfuncionario.

“Hay abundante información que por ahora es reservada”, dijo Bravo cuando los abogados pidieron conocer los informes o documentos en contra de sus patrocinados.

“Han pasado 40 días de la instrucción (etapa de investigación) y la Fiscalía no ha presentado ninguna evidencia como una fotografía, una llamada telefónica…”, aseguró Reinaldo Zambrano, abogado de Eduardo V.

El fiscal por su lado aseguró que más adelante “dentro de la investigación se irán probando” las presunciones, por ejemplo dijo que el excontratista Eduardo V. entregaba dinero a Diego T., gerente de refinación, también investigado en este caso, por los contratos que aparentemente se beneficiaba su empresa.

Zambrano cuestionó esta afirmación y pidió al fiscal que fundamente su argumento con fotos, videos, un parte policial o cualquier documento, pero Bravo no lo hizo.

Al final, la decisión de la sala fue unánime al negar la libertad de los dos sospechosos. Una de sus explicaciones fue que se trata de un caso de conmoción social y que era necesario garantizar la presencia de los investigados a un futuro y posible juicio.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (12)
No (0)