30 de December de 2009 00:00

Los judiciales de Guayas aún no eran notificados

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Redacción Guayaquil

La resolución del Consejo de la Judicatura provocó reacciones en Guayaquil. El juez Décimo de Garantías Penales, Édgar Salazar Vera, dijo que hasta la tarde de ayer no había sido notificado aún oficialmente sobre la sanción impuesta en su contra. Sin embargo, la rechazó y defendió su actuación en el juicio Huracán de la Frontera.
 
“Es injusta, no tengo nada que ver...”, dijo tras sostener que el juicio estuvo 66 días en su despacho,  debido a que la entonces jueza cuarta, Zoila Alvarado, fue recusada por un imputado.
 
“Despaché  normalmente todo lo que me pidió el fiscal, incluso vinculé a una persona y prorrogué por 30 días más el período de instrucción fiscal”, manifestó Salazar.

Él considera que hay “una mano negra” en esa resolución y que supuestamente proviene de alguien con vínculos en la Presidencia de la República, pues estaba por jubilarse como funcionario judicial.

La jueza Zoila Alvarado fue consultada  por este Diario pero no quiso pronunciarse. Pese a ello, avanzó a decir que no había sido notificada por el CJ.

Alvarado se desempeña actualmente como ministra jueza de uno de los siete nuevos tribunales penales que fueron creados en Guayas y que comenzaron a atender al público desde septiembre pasado.

Antonio Gagliardo, ministro fiscal del Guayas, consideró que las sanciones han sido acertadas, puesto que algunos de esos jueces contribuyeron para que se dilate el trámite de ese juicio. “Lamentablemente, ciertos jueces se prestaron al juego de estos narcotraficantes para demorar el proceso y lograr la caducidad de la prisión preventiva...”. Ignacio Chauvín, uno de los sindicados, recuperó la libertad.

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