24 de agosto de 2017 21:09

Judicatura pidió a la Contraloría auditar patrimonios de nueve exjueces

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Redacción Guayaquil
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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial al patrimonio de nueve exjueces que fueron destituidos en Guayas. La solicitud la hizo este jueves 24 de agosto del 2017, cuatro días después de que los exfuncionarios denunciaron supuesta injerencia política para sacarlos de sus cargos.

El Consejo fundamentó su pedido en el artículo 231 de la Constitución de la República en el que se menciona que los servidores públicos, sin excepción, presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.

La Judicatura también se ampara en los artículos 31 y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría que exigen, además, a estas autoridades “un historial de los bienes adquiridos y transferidos" cada dos años; o, en un período menor al señalado, cuando se separen de sus funciones en forma anticipada por cualquier causa.

El pasado lunes 21 de agosto de 2017, un grupo de 40 exjueces denunciaron que sus salidas de la Función Judicial se dieron por represalias a sentencias que dictaron y que presuntamente no convenían a intereses de terceros.

El abogado que los representa, Hernán Ulloa, dijo tener pruebas de estas acusaciones que serán presentadas en los próximos días. Y aseguró que están peleando "por la independencia de la Función Judicial" sin presiones.

Madeline Pinargote, exjueza de la Unidad Judicial Penal 1 de Guayaquil, una de las nueve personas incluidas en la lista de la Judicatura, dijo a este Diario que está dispuesta a que la auditen. "Que pasen a la Contraloría, les abro las puertas de mi casa y que revisen todo lo que quieran".

Señaló que actualmente se encuentra en libre ejercicio de su profesión como abogada y describe estar en una situación económica compleja. "Que vean y se den cuenta cómo estoy".

En su caso, las autoridades explicaron que su destitución fue porque sin competencia para hacerlo, pretendió revocar una providencia y permitir la devolución de más de USD 50 millones en un proceso de lavado de activos.

Los restantes exjueces son: Félix Campo Robalino, José Villagrán Cepeda, Josué Sánchez Fajardo, Juan Carlos Vizuete, Ángel Cojitambo Sandoval, Hernán Tamayo Patiño, Ivonne Núñez Figueroa y Lenín Naranjo López.

El grupo de 40 exfuncionarios se reunirán este sábado para planificar acciones judiciales que ejecutarán en defensa de sus casos.

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