9 de mayo de 2018 00:00

La Judicatura es fiscalizada por el Cpccs y la Asamblea Nacional

Los vocales del Consejo dela Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh (c), están en la mira de la Asamblea y del Cpccs. Foto: Archivo: API

Los vocales del Consejo dela Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh (c), están en la mira de la Asamblea y del Cpccs. Foto: Archivo: API

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Mario González y Diego Puente. 
Redactores (I)

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El Consejo de la Judicatura ya no se enfrenta solamente a la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio. El pedido de juicio político en su contra fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el proceso se iniciará en los próximos días en la Comisión de Fiscalización.

La mesa prevé reunirse este lunes, 14 de mayo del 2018, para conocer el pedido. Aunque, hasta la tarde de ayer (8 de mayo), el CAL no había enviado el expediente. Esta Comisión será responsable de emitir un informe en el que recomiende o no la interpelación en el Pleno.

María José Carrión, presidenta de Fiscalización, espera que la notificación llegue entre hoy y mañana (9 y 10 de mayo), para convocar a la sesión. Los miembros deben conocer el proceso y recoger las pruebas de cargo y de descargo para elaborar el informe aprobatorio o de archivo.

Carrión considera que hay dudas en el planteamiento del juicio. Por ejemplo, no se conoce si el proceso va dirigido a los 10 miembros de la Judicatura, entre principales y alternos, o solo a los principales. También pedirá a los proponentes que especifiquen si procesará a los que actuaron y votaron a favor de las resoluciones que motivaron el juicio o a todos.

Para el legislador del PSC, Luis Fernando Torres, se debe iniciar un proceso individual a cada vocal. Él considera que hay informes del organismo que podrían dar paso al juicio.

Pero en caso de que la Comisión recomendase la interpelación en el Pleno, en este momento, los votos para la sanción estarían incompletos.

El PSC representa 16 voluntades. A este se suma el movimiento Creo, que tiene 21 curules. Para el legislador Patricio Donoso hay dos elementos claves que comprometen el funcionamiento de la Judicatura: el uso de la figura de “error inexcusable” para sancionar a jueces y un informe de la Contraloría sobre la elección de fiscales el 2013.

Los 15 escaños de la BIN también irán por la censura. Pero las tres fuerzas políticas suman 52 votos y se necesitan 70, que podrían provenir de SUMA, Alianza País (AP) o Revolución Alfarista (exAP).

La legisladora Soledad Buendía, correísta, no negó la posibilidad de apoyar el juicio. “Cada caso es diferente, por lo tanto los momentos políticos implican que se analicen de manera objetiva los casos”.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, fue ministro de Gobierno y secretario del expresidente Rafael Correa.

Jalkh reaccionó este marte, 8 de mayo, ante la calificación del juicio. Para él, los legisladores están en su derecho y espera que el proceso “se lo haga con seriedad”. Adelantó que se siente tranquilo por las decisiones tomadas.

Además del proceso en el Legislativo, el Cpccs prepara un informe sobre el cumplimiento de funciones de la Judicatura. Si este no es favorable, podrían cesar a los vocales.

Y, precisamente, el Consejo transitorio recibió otro espaldarazo de la misma Asamblea, que aprobó una resolución a su favor. Después de eso, Julio César Trujillo, presidente del Consejo, se reunió con las autoridades legislativas para contarles los avances de la evaluación. Además, el presidente Lenín Moreno también les había dado su respaldo el lunes 7 de mayo.

Reglamento de selección

El debate de los artículos “más delicados” del proceso de selección y designación de autoridades continuó este martes, de manera reservada, en el Cpccs.

El objetivo era pulir el documento para que sea aprobado en la sesión de este miércoles. Hasta el cierre de esta edición no se había conseguido. Y, según el consejero Xavier Zavala, tampoco se había definido el orden del día para la reunión.

Una de las novedades que se esperaban en el mandato es el mayor protagonismo de las organizaciones sociales, en la designación de autoridades. Por ejemplo, los gremios, grupos empresariales, la academia, los colegios profesionales y las organizaciones sociales podrían proponer nombres para los bancos de veedores y de comisiones de selección.

Según una de las propuestas debatidas en el Consejo, los veedores y comisionados serán asignados a cada proceso de selección, de manera aleatoria. Formarán parte de una comisión técnica, que también podría estar integrada por delegados del Pleno. Esta comisión preparará un informe de recomendación sobre los postulantes de cada concurso. Pero el Pleno tomará la decisión final y vigilará la transparencia y cumplimiento de requisitos.

Otro de los temas en discusión era la forma de postulación de candidatos para la selección de autoridades, como las de Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contraloría...

Una de las propuestas es que las organizaciones sociales y gremiales, avaladas por el Consejo, presenten sus candidatos. Pero que, a la par, cualquier ciudadano pueda candidatizarse, con el respaldo de otras organizaciones sociales.

Además del respaldo del Ejecutivo, el Cpccs recibió el apoyo de la Asamblea que aprobó ayer, martes 8 de mayo, con 91 votos, una resolución a su favor. A esto se suma el respaldo que hicieron público, también ayer, los líderes de movimientos indígenas, entre ellos, Conaie, Ecuarunari, Confeniae y Pachakutik.

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