El 28 de marzo pasado, la asambleísta Mae Montaño y el colectivo Vigilancia Ciudadana acudieron al Cpccs. Foto: API
La supuesta injerencia del poder político en la justicia, denunciada por la oposición en el último año, tendrá que ser probada ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.
Los dos principales órganos judiciales: el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía (FGE) son dos de las primeras cuatro instituciones sometidas a la evaluación del Cpccs.
Este proceso para 18 autoridades se aprobó con el referendo del 4 de febrero, con la potestad de cesar a los funcionarios con mala calificación.
Las autoridades del CJ y de la FGE deberán presentar hasta este viernes (13 de abril del 2018) un informe de gestión desde el día de su posesión. Pero para el proceso también se tomarán en cuenta las denuncias ciudadanas. Estas pueden ser presentadas hasta mañana en las dependencias del Consejo en todo el país.
Estas dos instituciones fueron justamente las más denunciadas desde el jueves pasado, cuando arrancó la evaluación, hasta las 16:00 de ayer, lunes 9 de abril. En contra de la Judicatura se han recibido 41 denuncias y en contra de la Fiscalía, otras 11.
Las denuncias empezaron a llegar incluso desde antes del inicio formal de la evaluación. En su primer mes en funciones, el Consejo transitorio recibió 189 pedidos de investigación sobre supuestos actos de corrupción.
Políticos, gremios, organizaciones y ciudadanos han apuntado a la justicia. La Comisión Anticorrupción (CNA) fue la primera en presentar una denuncia en contra del CJ. Lo hizo el 16 de marzo, 10 días después de la posesión del Cpccs.
Fue un informe de 12 páginas. Jorge Rodríguez, coordinador de la CNA, asegura que el CJ “manipuló” el concurso de selección de fiscales provinciales en el 2016. Señala al menos tres supuestas anomalías en ese proceso: que la Judicatura lo realizó en menos de 30 días hábiles, que omitió la impugnación ciudadana y que hizo una incorrecta evaluación práctica.
Esteban Bernal, asambleísta por Creo, en cambio ha hecho dos denuncias. Primero, entregó el expediente del juicio político que solicitó en contra de Gustavo Jalkh, presidente del CJ, y los otros cuatro vocales.
Ese proceso estaba motivado por el “uso discrecional” de la figura del error inexcusable, como método para presionar a jueces. El caso fue archivado.
Y, además, entregó un informe de la Contraloría General, en el que supuestamente hay indicios de irregularidades en la selección de los fiscales.
Sectores como Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha, el Frente de Trabajadores (FUT), los asambleístas Mae Montaño (Creo) y Carlos Falquez (PSC) pidieron que el CJ y la Fiscalía sean los primeros evaluados.
En cuanto a la Fiscalía, las denuncias, principalmente, señalan a Baca por la falta de celeridad en investigaciones relacionadas con casos de corrupción del Gobierno pasado.
Esa cantidad de denuncias y solicitudes, así como el juicio político que Carlos Baca, titular de la FGE, tiene en su contra, pesaron para que el Cpccs los ubicara en el primer grupo de instituciones procesadas.
En el caso de la Judicatura, el inicio de la evaluación consideró también la suspensión de tres concursos de designación de fiscales y otros funcionarios judiciales. La institución pidió al Consejo que revea esa decisión, porque carece de motivación jurídica y afecta a más de 50 000 postulantes.
Este lunes, la Fiscalía del Guayas anunció que enviará una comunicación al Cpccs. El documento es respaldado por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público (Afempe) y la Asociación de Empleados, Funcionarios y Agentes Fiscales. En ese oficio se hace una defensa de los concursos, mediante los cuales ingresaron a la entidad 172 jueces en la provincia de Guayas.
Esto en referencia a los comentarios de Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio, quien días atrás afirmó que “se acabaron los concursos mañosos”.
Luis Hernández, consejero del Cpccs, indicó ayer que en vista del pedido de la Judicatura y de otros actores, el Pleno del Consejo estudiará hoy la posibilidad de reabrir los concursos. “Ninguna decisión es definitiva, podemos revisarla en medio del debido proceso. Somos democráticos”, dijo.
El primer bloque de autoridades evaluadas se completa con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la
Superintendencia de Bancos.
El CNE tiene los mismos plazos de evaluación que la Judicatura y la Fiscalía, es decir, hasta mañana (miércoles 11 de abril) se recibirán las denuncias y hasta el viernes próximo las autoridades podrán enviar sus informes.
Hasta ayer, el Cpccs recibió dos reclamos en contra de la autoridad electoral. Hoy se reunirá el colectivo Liberación del CNE, liderado por Andrés León, exvocal del Tribunal Supremo Electoral. Elaborarán una denuncia y luego irán a entregarla al Transitorio.
La Superintendencia de Bancos, en cambio, fue objeto de tres denuncias hasta ayer. Pero en este caso, los plazos se alargan hasta este jueves para las denuncias y hasta el lunes 16 para los informes de gestión.
La dirigencia sindical observó a esta entidad por la falta de control en el Seguro Social.