Se declaró como reservados los estudios actuariales y auditorías del IESS. Foto: Vicente Costales, archivo / EL COMERCIO
Jubilados y asambleístas de la oposición cuestionaron la resolución del superintendente de Bancos, Christian Cruz, de declarar como reservados los estudios actuariales y auditorías del sistema de seguridad social como el IESS.
La decisión preocupa a estos sectores porque viene del funcionario que preside, además, la Función de Transparencia y Control Social.
Para los legisladores Cristina Reyes y Raúl Tello, miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, la medida viola el artículo 18 de la Constitución de la República, referido al derecho a la información generada en entidades públicas o privadas, que manejen fondos del Estado o que realicen funciones públicas.
“Este oscurantismo financiero y actuarial que ha puesto (Cruz) sobre el IESS preocupa. Son los recursos de afiliados y jubilados. Estamos exigiendo que se le dé de baja a esa resolución y que nos entreguen los informes anteriores y por realizarce”, subrayó Reyes.
Tello señaló que anexará este hecho al pedido de juicio político contra el Superintendente de Bancos, presentado en noviembre pasado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), principalmente por omisiones en el control a la administración de Richard Espinosa al frente del IESS.
Otros artículos constitucionales que se incumplen, según Manuel Posso, investigador en seguridad social, y Omar Serrano, ex director del Banco de los afiliados (Biess), son el 34 y el 368, que hablan del derecho a la seguridad social, regida bajo el principio de transparencia.
Los expertos también consideran que la resolución va en contra del artículo 206 de la Carta Política, que estable entre los deberes de la Función de Transparencia y Control Social, la formulación de políticas públicas de transparencia.
“Resulta vergonzoso que quien tiene que garantizar la transparencia y el libre acceso a la información pública, precisamente sea quien emita resoluciones que contradigan estas disposiciones legales”, lamentó el asambleísta Tello.
Posso añadió que con la medida se trata de ocultar la falta de liquidez del IESS y del Biess. “Esta norma impide la rendición de cuentas y limita la intervención de la Contraloría”.
Los analistas en materia de seguridad social coincidieron en que además se viola uno de los objetivos del Código Monetario y Financiero: “Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros”.
La Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores también rechazó, por medio de un comunicado, la resolución de sigilo a las auditorías al IESS.
El gremio subrayó que la realización de estudios es “urgente y prioritario”, pero no deben ser “secretos ni reservados”, puesto que estos sirven para actualizar y mejorar la administración técnica de la entidad.
En los antecedentes de la resolución se justifica la decisión en el artículo 72 del Código Monetario. Esa norma dispone que “los informes de auditoría, inspección, análisis y los documentos que el superintendente califique como tales, serán escritos y reservados”.
El Superintendente de Bancos argumentó en días pasados, además, que la información financiera de las entidades que supervisa es pública, no así los documentos referidos a análisis técnicos y auditorías.
Aclaró que estas decisiones rigen para todas las entidades bajo su control y no solo para el IESS.
El último informe actuarial que se conoció sobre el IESS, fue un estudio parcial de Volrisk, sobre el cambio en las tasas de contribución de los afiliados, publicado en octubre del 2015.
Ese documento daba cuenta de que en 40 años al IESS le faltarán USD 208 841 millones para cubrir las pensiones. Es lo que se conoce como déficit actuarial. Pero, según expertos, el escenario ha cambiado para la entidad y se requiere la realización de nuevos informes.