Zobeida Gudiño, de Alianza País, propuso a última hora las reformas de indemnizaciones en el sector público del país. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO
El cálculo de las jubilaciones e indemnizaciones del sector público cambiará a partir de este año. Así lo estableció el proyecto de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar aprobado por una mayoría oficialista la noche del martes.
El cambio lo lanzó la asambleísta oficialista Zobeida Gudiño, a las 22:00, en lo que fue la última intervención de una intensa jornada legislativa que llevaba 12 horas de trabajo.
Tras la intervención, Gabriela Ribadeneira, presidenta de la Asamblea, cerró el debate y dio cinco minutos a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para sumar los cambios que considere pertinentes.
Betty Carrillo, titular de la Comisión, aceptó las propuestas de cuatro asambleístas oficialistas. Las de Gudiño fueron las más importantes e impactarán en los servidores públicos que busquen una jubilación o indemnización desde este año.
El artículo 63 congela el monto de la indemnización por jubilación de estos trabajadores a través de una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público.
El Art. 129 de esta última norma establece que estos empleados tienen derecho a recibir por una sola vez una compensación de cinco remuneraciones básicas unificadas (RBU) por cada año de servicio contados a partir del quinto año laborado, con un máximo de 150 sueldos.
Esto quiere decir que cada año, conforme se modifica el básico, incrementa el valor de cálculo. Pero la norma actual establece que el cómputo se hará, en adelante, con base en el monto de la RBU fijada para el 2015, es decir USD 354.
A los servidores públicos les cayó como balde de agua fría este cambio de último momento, que no esperaban.
Esto se aplicará desde este año, según lo fija el cuerpo legal, que aún debe esperar la sanción del Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse.
Entre los servidores públicos hay desconcierto. Miguel García, representante de estos trabajadores, dijo que la reforma significará que el personal recibirá valores menores de los que obtuvieron funcionarios antes de la expedición de la nueva norma, y temen que, incluso, no reciban su dinero o lo reciban en bonos.
Este no es el único cambio. El Art. 65 de la Ley establece que la indemnización por retiro voluntario de los empleados de las empresas públicas será de hasta siete salarios básicos unificados por cada año de servicio, también con base en el salario básico del 2015 (USD 354), y hasta un máximo de 210.
Hoy se calcula conforme al valor del básico vigente a la fecha en que opte por jubilarse.
También se realizan reformas al Mandato 2. En ese texto se establecía para un grupo determinado de entidades una indemnización por supresión de partidas y otras formas de terminación de la relación laboral el pago de siete RBU y hasta un máximo de 210.
Ahora se determina que será solo de hasta siete sueldos y, nuevamente, como ocurre en los artículos anteriores, congela el cálculo a la remuneración básica vigente para este año.
Estos cambios no estaban incluidos en los informes para primer y segundo debates.
Fuentes en la Asamblea contaron que antes de la votación hubo una discusión entre asambleístas de AP sobre este tema.
Finalmente, a diferencia del proyecto original, se estableció que los empleados públicos podrán acogerse voluntariamente a la mensualización del decimotercero y decimocuarto sueldos. Si no lo desean, deberán notificar por escrito al empleador.
Otro planteamiento, iniciativa de Gudiño y que fue aceptado, fue incluir un artículo en la Ley de Servicio Público para diseñar la política pública de inclusión laboral para indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes retornados, “considerando los conocimientos, aptitudes y profesión requeridas para el puesto a proveer”. Argumentó que se trata de una acción afirmativa en beneficio de estos sectores.
El paquete de reformas que afectaba inicialmente al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, afectó finalmente a cuatro cuerpos normativos y dos Mandatos Constituyentes.
Otros cambios
Brechas salariales. El Ministerio del Trabajo podrá establecer, a través de acuerdo ministerial, límites a las brechas salariales entre la remuneración máxima de gerentes generales o altos directivos y la remuneración más baja percibida dentro de la empresa.
Décimos. En el caso de los trabajadores privados, la mensualización es voluntaria. Si desean que se les pague en las mismas fechas que ahora, de forma acumulada, deberán realizar una petición por escrito a su empleador.
PUNTOS DE VISTA
Miguel García, sindicalista público
Acaban de congelar los valores de las indemnizaciones al darles un valor fijo. En sectores como educación nos enteramos que van a jubilar a estos funcionarios, pero que les van a dar la indemnización cuando haya dinero.
Juan Díaz Granados, Dir. Cámara Comercio de Guayaquil
El Gobierno hace gran trabajo en dar becas. Muchos jóvenes se están preparando y esperan que les paguen por lo que de verdad valen, pero al regresar se hallan con topes salariales”.
Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social
El paso de fondos de pensiones privados al Banco del IESS, que deberá concretarse este año, la eliminación del 40% y el desconocimiento de la deuda de salud configuran un feriado a la seguridad social”.
Marco Proaño Maya, abogado en temas laborales
La historia institucional del IESS está en su más grave encrucijada y no se ha entendido que los órganos del poder público deben legislar para los ciudadanos y no para el poder o el Gobierno de turno.
Cristina Reyes, asambleísta de PSC
Es loable la incorporación de las amas de casa al IESS, pero no metiendo la mano a los trabajadores privados. La eliminación del 40% de aporte estatal al IESS afectará a los jubilados del futuro.
Betty Carrillo, asambleísta de Alianza País
No habrá disminución de las pensiones de jubilación. Esa preocupación que tienen los jubilados está garantizada con informes actuariales entregados a la comisión y a todos los asambleístas.
Richard Espinosa, presidente del IESS
El IESS tendrá un superávit de USD 509 millones este año. No se subirán los aportes. Se pagarán puntualmente las pensiones jubilares. Aspiro a que nunca se necesite el aporte del Estado.