1 de octubre de 2017 00:00

Juan Francisco Guerrero: ‘En la actualidad no tenemos madurez política para impulsar otra constituyente’

Si el poder es ilimitado, si se concentra en una persona o entidad, los derechos de las personas corren riesgos”.

"Si el poder es ilimitado, si se concentra en una persona o entidad, los derechos de las personas corren riesgos”. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo
Editor (I)

Juan Francisco Guerrero es docente de Derecho Constitucional en las universidades Católica, San Francisco y Andina Simón Bolívar. También es perito constitucional internacional.

¿Cuál es la función de una Constitución?

Esencialmente tiene dos. La primera es estructurar y organizar el poder y el sistema de Gobierno. La segunda tiene que ver con el régimen de derechos, garantías de las personas. Una sociedad carece de Constitución, sino contempla la separación de funciones y la protección de derechos. Esa separación es la única forma de limitar el poder sin importar el sistema de gobierno. Si el poder es ilimitado, si se concentra en una persona o entidad, los derechos de las personas corren riesgos.

¿Qué constituciones han logrado esos cometidos?

Un claro referente es la constitución colombiana. Tiene su origen en la Constituyente de la década de los 90’s. Con todos los problemas sociales que había, se partió de un pacto de la sociedad. Su éxito en el régimen de protección de derechos, de institucionalidad, de pesos y contra pesos en las funciones del Estado, responde a que hubo voluntad política para acatar la Constitución. Otro ejemplo es la de Estados Unidos. Solo se ha hecho una Constitución. El respeto a la misma ha permitido que exista una institucionalidad que puede contener los excesos de una figura como la del presidente Donald Trump. Los ciudadanos han asimilado la Constitución a tal punto que conocen cuáles son sus derechos. En su lenguaje cotidiano incluyen términos como: mi derecho a la tercera enmienda.

¿Por qué en Ecuador no se han podido replicar esas experiencias?

No hemos logrado llegar a esos consensos mínimos que nos permitan establecer los grandes lineamientos que debe seguir la sociedad.

¿Qué función a cumplido la última Constitución de Montecristi, que acaba de cumplir nueve años?

Nació supuestamente inspirada en la necesidad de un cambio frente a la de 1998, que para muchos tenía un corte neoliberal. Lamentablemente, en la aplicación, el primer objetivo de profundizar derechos quedó a un lado. Y la Función Ejecutiva se fue alimentando, robusteciendo.

¿La Carta Magna permitió, como señalan sus defensores, recuperar la capacidad del Estado para garantizar derechos?

Una cosa es el discurso y otra la realidad. El Estado ha intentado regular todos los ámbitos de la vida en sociedad. Lejos de promover derechos los ha ido restringiendo. Un claro ejemplo es la comunicación. Se creó una superintendencia de comunicación, una ley de comunicación. Y el resultado fue que un derecho de primera generación, fundamental, como es la libertad de expresión, opinión, se vio restringido.

La constitución de Montecristi, ¿permitió tener un Estado planificador y, por ende, más óptimo?

Dentro de la parte orgánica de la estructuración de las instituciones se incorporó un elemento de planificación. Es verdad. Sin embargo, el problema es que toda esa planificación ha estado orientada a fortalecer a la función Ejecutiva, fortalecer al Gobierno y no necesariamente a la promoción de derechos. Toda la planificación lo que ha generado es un crecimiento desmedido de la burocracia y del gasto público. Una cosa es la planificación y otra optimización. Yo puedo poner mucho énfasis en planificar, pero si es incorrecta, como ha ocurrido, se desperdician los recursos.

¿La Constitución ayudó a la independencia de funciones del Estado?

No. La Constitución de Montecristi profundizó y agudizó el hiperpresidencialismo a tal punto que se anuló prácticamente la independencia de funciones. La institucionalidad ha desaparecido. El presidente no es colegislador, es el legislador principal que con el veto, por ejemplo, puede aprobar leyes y con la muerte cruzada puede terminar con la Asamblea y convocar consultas las veces que quiera.

¿Cuál es la alternativa?

La experiencia en el Ecuador nos ha enseñado que las soluciones radicales y a corto plazo no son verdaderas soluciones. El promedio de vida de una Constitución en el Ecuador es de menos de diez años. Toda esta estructura creada por la Constitución de Montecristi debe ser desmontada paulatinamente.

¿Cómo?

Debería realizarse una consulta popular para eliminar uno de los grandes rasgos del hiperpresidencialismo que es la reelección indefinida y consecutiva. También para cambiar las autoridades de control. De esta manera al menos podremos tener autoridades que no sean afines al gobierno de turno y ejerzan sus atribuciones.

¿Qué se consigue?

Cuando se logre eso, se puede dar los pasos secuenciales necesarios. En la actualidad no tenemos la madurez política para impulsar una nueva constituyente. Montecristi lo demostró. La Asamblea se atribuyó poderes plenos: creó, modificó y expidió leyes. Removió y nombró funcionarios, emitió mandatos. Concentró todo y ahora estamos viendo los resultados. Por eso ahora tenemos que ir desmontando poco a poco toda esa estructura.

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