Santiago Zeas B. Corresponsal en Bogotá
judicial@elcomercio.com
El ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien lidera las encuestas presidenciales en Colombia, quiere desentenderse del reinicio del juicio en su contra en Ecuador, por la muerte de 25 personas en el ataque a una base de las FARC en Angostura, el 1 de marzo del 2008.El candidato del ‘uribista’ Partido de ‘La U’ decidió ayer dejar en manos del Gobierno de su país su defensa frente a la decisión del Tribunal Penal de Sucumbíos de anular parte del proceso judicial en su contra y disponer que se practique nuevamente la etapa de instrucción fiscal.
La cronología del casoEl 29 de junio del 2009, el juez de Sucumbíos, Daniel Méndez ordenó la prisión del ex ministro de Defensa de Colombia, Juan M. Santos. La Fiscalía lo imputó por las muertes de 25 personas, el 1 de marzo del 2008 en Angostura.En octubre se ordenó la prisión del jefe de las FF.AA. de Colombia, Freddy Padilla. Luego la Fiscalía incluyó en el caso al ex comandante del Ejército colombiano, Mario Montoya, y al director de la Policía , Óscar Naranjo. El 25 de febrero último, el juez tercero Penal de Sucumbíos, Francisco Revelo, dictó el sobreseimiento provisional de los cuatro imputados. La Fiscalía apeló y el caso llegó al Tribunal Penal de Sucumbíos.
“Por prudencia no voy a revolver el avispero, solo voy a dejar que sea el gobierno del presidente (Álvaro) Uribe el que se apropie de este problema, porque como él lo ha dicho, es un problema de Estado”. Esa fue la respuesta que ensayó ayer el ex Ministro de Defensa colombiano, durante su campaña presidencial en la localidad de Montería, costa colombiana.De este modo, Santos intentó desdramatizar los efectos que puede acarrear el juicio en su contra en Ecuador, en el que también está involucrado el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía colombianas.Al contrario de la imagen de aparente calma que proyecta Santos, en el Gobierno colombiano sí hay preocupación por el juicio contra quien es considerado el llamado a continuar con la línea política del presidente Uribe.De hecho, el comunicado difundido la noche del jueves por la Cancillería colombiana, en el que rechaza la medida judicial ecuatoriana, confirma ese temor.Más allá de que Bogotá señale que no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal de Sucumbíos, en la Casa de Nariño hay inquietud porque en el 2009 la Justicia ecuatoriana solicitó la prisión del ex Ministro durante el juicio por su participación en la Operación Fénix, en la que se dio de baja al ex jefe guerrillero Raúl Reyes.Fuentes diplomáticas colombianas señalaron ayer en Bogotá que resultaría “grave” que el probable presidente de la República de Colombia sea procesado en un país limítrofe por un asunto que califican de Estado.El analista y jurista colombiano Andrés Mejía dice que son comprensibles los temores del Gobierno colombiano. Anticipa que ese juicio puede generar molestias para el Gobierno colombiano, como un pedido de captura de carácter internacional para Santos y los demás procesados. “Eso generaría una incomodidad muy seria en Colombia, porque más allá de que un Jefe de Estado tiene inmunidad, no se puede dejar de pensar qué pasaría si está en otro Estado”, reflexiona.Colombia insiste en que el juicio a Santos y al Alto Mando debe ser analizado en la Comisión de Asuntos Sensibles liderada por los cancilleres de Ecuador y Colombia. Sin embargo, hasta el momento, no hay fecha para que se reúna la mencionada comisión.Hasta el mediodía de ayer, la Cancillería colombiana no había tomado contacto con la Embajada ecuatoriana en Bogotá para hablar del actual estado de la relación bilateral ni de la decisión de la Justicia ecuatoriana.