12 de septiembre de 2017 15:59

José Serrano presentó proyecto de ley que aumenta las penas por corrupción

El presidente de la Asamblea, José Serrano, emitió un pronunciamiento tras la presentanción del informe de la información económica del país del jefe de Estado, Lenín Moreno. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Serrano anunció que existen unas 12 iniciativas legales para la lucha contra la corrupción, entre proyectos legalizados y anteproyectos de iniciativa ciudadana. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Mario Alexis González

El proyecto fue presentado este 11 de septiembre de 2017, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Lo suscribió el presidente del Legislativo, José Serrano. El nombre es Ley de Manos Limpias y propone el aumento de las penas por delitos de corrupción.

La iniciativa tiene 12 artículos para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cuatro disposiciones generales y también una disposición final. Todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El primer artículo propone incluir un inciso en la norma sobre los indultos presidenciales. Se establece una prohibición para conceder esta medida por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas y de conciencia.

En cuanto al peculado (malversación de fondos públicos) se propone que la pena para los funcionarios culpables sea de 20 a 25 años. Actualmente es de 10 a 13 años. Y cuando a razón del peculado, los funcionarios incrementen su patrimonio, la pena se aumenta de cinco a siete años a una de 10 a 13 años.

También se plantea que en el delito de enriquecimiento ilícito la pena sea de 20 a 25 años. Al igual que en el cometimiento de cohecho y tráfico de influencias. Y para la oferta de realizar tráfico de influencias la pena será de 10 a 15 años.

También hay cambios para la concusión, figura establecida cuando los servidores públicos que “abusando de su cargo” exigen la entrega de “derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones” ilegales. En este caso la pena aumenta de 20 a 25 años. Y si se realiza mediante violencias o amenazas, en cambio, la pena irá de 25 a 30 años.

En la primera disposición general se establece que en todos los delitos contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quedará inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público y perderá los derechos de participación. Y se podrá ordenar la prohibición definitiva de contratar con el Estado.

Serrano anunció que existen unas 12 iniciativas legales para la lucha contra la corrupción, entre proyectos legalizados y anteproyectos de iniciativa ciudadana. Estos serán enviados a la Comisión de Justicia para su tratamiento.

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