El Tribunal, presidido por el juez Luis Enríquez (centro), confirmó la prisión. Foto: API
La posibilidad de que el vicepresidente Jorge Glas recupere su libertad quedó diluida. El 13 de octubre del 2017, el Tribunal Penal de la Corte Nacional ratificó la orden de prisión que pesa en contra del funcionario, sospechoso de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Sin embargo, el abogado del Vicepresidente, Eduardo Franco, presentó un pedido de hábeas corpus para lograr la libertad de su cliente y además recusó al juez Miguel Jurado, quien conoce este caso.
Con ello, la audiencia del lunes 16, en la que se debía conocer si Glas va o no a juicio, quedó suspendida hasta que se resuelvan estos recursos legales.
Según el Código Penal, la recusación es una medida legal que se plantea cuando la autoridad tiene conflicto de interés con la persona que es juzgada.
En este caso, otro magistrado debe analizar ese pedido y resolver si es que el juez Jurado es competente para seguir conociendo el proceso o si se le entrega el caso a otro juez.
Estos hechos se conocieron en la noche, después de que el juez Luis Enríquez confirmara la orden de prisión en contra del segundo mandatario.
Durante esa diligencia, Franco expuso dos argumentos para solicitar que esa medida sea levantada. Primero, aseguró que la orden de arresto se dictó fuera del plazo de 120 días de instrucción fiscal, que fue el tiempo que tuvo la Fiscalía para reunir las pruebas.
Su segundo argumento fue que esa orden era “ilegal e ilegítima”, pues ese tipo de medidas se debe dictar en casos excepcionales. El defensor de Glas también subrayó que su cliente siempre ha colaborado en las investigaciones.
Por otro lado, el fiscal General, Carlos Baca, sostuvo que la orden de prisión ordenada por el juez cumple con todos los requisitos legales. Por ejemplo, que haya evidencias suficientes de que Glas es sospechoso de un delito. También explicó que el pedido de cambiar la medida cautelar del Vicepresidente, quien al principio del proceso tenía sólo una prohibición de salida del país, se basó en los nuevos indicios que “agravaron su situación”.
Entre esas nuevas evidencias está la asistencia penal que EE.UU. envió al país. Allí se detalla el esquema de sobornos que usó Odebrecht.
César Montúfar, exasambleísta que actúa como acusador particular, dijo que se debe garantizar que el Vicepresidente asiste a un posible juicio.
Entre tanto, en una entrevista con el canal NTN24, Baca señaló que a más del rastreo por el delito de asociación ilícita hay otras indagaciones que tienen como objetivo recuperar el dinero usado en la red de corrupción.“En ese entramado hay una investigación compleja subyacente que ya está avanzada, una investigación de un nivel de detalle extremadamente alto”. Baca también afirmó que el trabajo de la Fiscalía ha sido apegado a la ley. “Le puedo afirmar que yo estoy solo y que yo no voy a convertir a la Fiscalía en un actor político ni en una institución que persigue a personas”.