2 de noviembre de 2017 00:00

Glas agotó impugnaciones; el miércoles se sabrá si va a juicio

Jorge Glas y su abogado, Eduardo Franco, en una audiencia. El Vicepresidente está preso desde el 2 de octubre. Foto: Archivo/EL COMERCIO

Jorge Glas y su abogado, Eduardo Franco, en una audiencia. El Vicepresidente está preso desde el 2 de octubre de 2017. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Javier Ortega
y Redacción Política

Al vicepresidente Jorge Glas se le agotaron los recursos judiciales.

Ayer, 1 de noviembre de 2017, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) volvió a fallar en su contra. Édgar Flores Mier, conjuez de ese alto Tribunal, rechazó un pedido que la defensa del Segundo Mandatario había presentado para que se aclare el fallo emitido el 25 de octubre pasado. Ese día, Flores Mier ratificó que el juez Miguel Jurado siga juzgando a Glas.

En su resolución de ayer, el magistrado cuestionó que Eduardo Franco, abogado de Vicepresidente, se “queje” del fallo de octubre. Franco lo calificó como “oscuro en su contenido” y dijo que “no resolvió las pretensiones de su demanda”.

Flores además señaló que la defensa de Glas no expresa “con claridad y precisión las razones que sustentan su impugnación”. Bajo esos antecedentes rechazó el pedido.

El fallo de Flores se suma a otras tres resoluciones que ha dictado la Corte en contra del Segundo Mandatario desde el mes pasado.

Los recursos planteados por Franco han aplazado la audiencia en donde se sabrá si el Vicepresidente va o no a juicio por asociación ilícita. En ese expediente también es indagado su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Pólit y otros 15 sospechosos.

Ayer, el fiscal general Carlos Baca Mancheno criticó las “maniobras” de los abogados para dilatar los procesos judiciales del caso Odebrecht, entre estos el de asociación ilícita.

“Escúchenme bien, especialmente el abogado del vicepresidente Jorge Glas, la Fiscalía no va a permitir que se burlen de la administración de justicia con estas tácticas dilatorias que podrían buscar la caducidad de la prisión preventiva, pero la Fiscalía eso no lo va a permitir”, sostuvo Baca.

Según el Código Penal, la prisión preventiva caduca solo cuando un procesado lleva detenido más de seis meses sin sentencia. Si esa regla se cumple, el imputado puede recuperar la libertad enseguida.

Glas guarda prisión preventiva desde el 2 de octubre. Es decir, esa medida caduca el 2 de abril del 2018. Hasta ese entonces la Corte ya debe dictar una sentencia por el caso de asociación ilícita, sea a favor o en contra del funcionario.

Para darse ese fallo, el alto Tribunal primero debe resolver la audiencia preparatoria de juicio. Esa diligencia debía darse el 16 de octubre pasado, pero se ha postergado por las impugnaciones presentadas.

Pero ayer, una vez que el conjuez Flores rechazó el último recurso posible que tenía el Vicepresidente, la Corte anunció para las 08:00 del miércoles 8 la audiencia en la que la Fiscalía debe acusar o no los 18 imputados en asociación ilícita.

De haber un dictamen acusatorio, el juez Miguel Jurado, quien lleva este expediente, llamaría a juicio a los involucrados.
Ayer, este Diario intentó, por dos ocasiones, entrevistar vía telefónica al abogado del Vicepresidente. En un primera ocasión, Eduardo Franco aseguró que estaba viajando a Guayaquil y que en una hora contestaría las inquietudes. En una segunda llamada dijo que estaba conduciendo y que respondería luego. Eso no ocurrió.

En anteriores ocasiones, el defensor ha asegurado que la detención de Glas es ilegítima. Incluso ha apelado a un supuesto “odio y enemistad manifiesta” del juez Jurado hacia el Segundo Mandatario. La Corte rechazó aquello.

Ayer, el fiscal Baca también anunció nuevos datos. Dijo que se han abierto “más de una docena de expedientes relacionados u originados en la investigación inicial de asociación ilícita”. Y adelantó que “algunos” de estos procesos “tienen como sospechoso al Vicepresidente y a otros”.

Hasta el momento, oficialmente se conocía que Glas enfrentaba un proceso de asociación ilícita y otro por presunto cohecho. Esta última investigación está en fase reservada.

Las autoridades rastrean el papel del Vicepresidente en cinco megaproyectos adjudicados a Odebrecht. En esos contratos aparentemente hubo pago de coimas. En esa lista están la central Manduriacu, la remoción de tierras en lo que sería la Refinería del Pacífico, el Acueducto la Esperanza, el Trasvase Daule-Vinces y el Poliducto Pascuales-Cuenca.

El Consejo de Administración analizará pedido del Contralor

La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió ayer, 1 de noviembre, al despacho del presidente José Serrano la notificación de la Contraloría General del Estado sobre la destitución del vicepresidente Jorge Glas.

Ese documento será analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la próxima semana. Todavía no se ha hecho una convocatoria oficial para la sesión.

El contralor Pablo Celi pidió al Legislativo que adopte las “decisiones pertinentes” para aplicar la sanción establecida por el organismo de control por la participación de Glas en la adjudicación del Bloque Singue en el 2012.

Según Serrano, el CAL tiene dos opciones. La primera es remitir la notificación a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su análisis. Esa mesa está presidida por Marcela Aguiñaga.

La legisladora está en Montevideo (Uruguay) en una actividad oficial de la Asamblea. Por esta razón, aún no se ha pronunciado sobre esta posibilidad. Sin embargo, ella había adelantado que la resolución de la Contraloría es “una aberración jurídica”.

La otra opción que estudiará el CAL es enviar la notificación y la documentación adjunta a la Corte Constitucional (CC) para que emita un criterio jurídico y de constitucionalidad sobre la procedencia de la destitución.

La sanción a Glas se da por acciones que realizó cuando fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos. La principal duda legal es si la sanción aplica para su cargo actual de Vicepresidente.

Además, el CAL tendrá en sus manos el segundo pedido de juicio político del período, en contra de Jorge Glas. La oposición tiene previsto presentar el pedido entre el lunes y el martes próximos.
El proceso de elaboración del documento lo encabezó Creo. Pero tiene el respaldo de las otras cuatro bancadas de la oposición.

Además, se sumó la firma de la oficialista Marcia Arregui.
Jorge Yunda y Ricardo Zambrano (AP) propondrán, al interior del bloque ‘verdeflex’, que presenten su propio pedido de procesamiento político a Glas. Si esa idea no se acepta, Yunda adelantó que él será el segundo asambleísta de AP que se sume al
pedido de la oposición.

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