29 de septiembre de 2017 00:00

Un exhorto contra Glas dividió al Pleno

driana noboa/ EL COMERCIO Legisladores que respaldan a Jorge Glas se pronunciaron. La mayoría no estuvo.

Legisladores que respaldan a Jorge Glas se pronunciaron. La mayoría no estuvo. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

La situación del vicepresidente Jorge Glas altera otra vez al Legislativo. Hay voces a favor y en contra y quienes prefirieron acogerse el silencio.

El bloque de Creo anunció un segundo intento de juicio político en contra el Vicepresidente. Lo presentarán la próxima semana, según el asambleísta Homero Castanier.

Esto por su vinculación en el caso de corrupción Odebretch, investigada por la Fiscalía General, por una presunta asociación ilícita, y por una “falta de probidad”.

Los legisladores de Creo ratificaron la decisión después de una inusual sesión plenaria, donde la oposición y el oficialismo midieron fuerzas. Los separó un solo voto.

Fue el mismo Castanier quien mocionó que se incluyera en la agenda el debate de un exhorto para que el Segundo Mandatario renuncie. “¿Cómo es posible que tengamos un Vicepresidente sin funciones y no hagamos nada?”, cuestionó.

La votación terminó empatada, con 61 votos a favor y 61 en contra. La única curul que se pintó de azul (abstención) en la pantalla fue la del oficialista Jorge Yunda.

A la salida de la sesión plenaria dijo que no se trata de un distanciamiento con AP, sino de respetar la independencia de funciones y dejar que la Justicia haga su trabajo.

En la oposición hay acuerdo sobre la necesidad de enjuiciar políticamente a Glas. Coinciden en que el Legislativo debe tratar el tema, que es su responsabilidad fiscalizar, como sostiene Eliseo Azuero, legislador independiente de la bancada de Integración Nacional.

Pero él considera que en las filas de AP sí hay gente “valiosa” que, “lamentablemente, tiene temor” de evidenciar su verdadera posición.

Precisamente al otro lado del debate están los legisladores oficialistas. Un grupo reducido de ellos, 13 de 74, reclamó por un supuesto linchamiento mediático en contra de Glas y una presión política en contra de la Fiscalía y los jueces.

Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Juan Cárdenas y Sofía Espín hablaron por turnos para defender la presunción de inocencia del Vicepresidente y para demandar que el proceso se siga al pie de la ley. Pero su intervención, aclararon, no representa presión política alguna dentro del caso.

Así como tampoco consideran que el hecho de que el Segundo Mandatario siga en funciones, aunque en la práctica no tenga ninguna, genere presión sobre las autoridades. Por eso ratificaron que no hay motivo por el que deba apartarse de su cago en el Ejecutivo.

Pero dentro de la misma bancada oficialista hay otras voces más mesuradas. Por ejemplo, Ximena Peña, coordinadora de bloque, sostuvo que cualquier iniciativa debe ser respetada y seguir los procedimientos.

“Si a lo largo del proceso (fiscal) aparecen pruebas que pueden ser usadas, estarían en todo el legítimo derecho de hacer el pedido (de juicio)”, y agregó que dentro de AP están también a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía.

Incluso María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que “ha habido elementos nuevos y reconocimientos del propio Vicepresidente en relación a existencia de algunos emails y documentación”. Aunque recalcó que se debe respetar el proceso judicial.

Pero recordó tres aspectos importantes: las causales para un juicio político a los mandatarios son tres (delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito; genocidio, tortura, desaparición, secuestro u homicidio) deben superar la calificación del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y de la Corte Constitucional (CC).

El legislador de SUMA, Héctor Yépez, considera que todos los argumentos jurídicos para enjuiciar políticamente a Glas existen desde la primera vez que se lo intentó. “Si antes había pruebas, hoy existe el doble y ahora están señaladas incluso ante la Fiscalía”.

Además, recalcó que aunque el fiscal Carlos Baca “no quiera reconocerlo” si la vinculación del Vicepresidente es por asociación ilícita “es para cometer un ilícito, un delito contra la administración”. Por lo que advirtió que la causal del juicio político es clara: concusión.

Cristina Reyes
, asambleísta del PSC, indicó además que “un grupo de legisladores del ala ‘correísta’ encubre a Glas”. Pero está de acuerdo en que las evidencias existen, aunque ve complicado que AP dé paso a otro intento de fiscalización
en su contra.

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