27 de febrero de 2015 20:47

El velo del informe Gabela

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Dimitri Barreto
Macro Editor

‘En el caso Gabela siempre ha habido negación de justicia”. Esas 10 palabras pertenecen a Patricia Ochoa y tienen un alto sentido, grafican la confusión del poder en materia de seguridad jurídica.

Patricia Ochoa es la viuda del general Jorge Gabela, asesinado el 19 de diciembre del 2010. Cuatro años después aún demanda respuestas, porque el Estado se las ofreció y, en lugar de dárselas, ha emitido señales contradictorias, hermetismo y hasta soberbia.

“Créase un Comité Interinstitucional para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor General Jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante General de la FAE”.

Así reza en el Decreto Ejecutivo 1317 firmado el 3 de octubre del 2012 por el Presidente. De eso ya más de dos años y las autoridades aún retrasan la entrega del informe, 96 páginas elaboradas por una pericia extranjera en el 2013.

Mas, ¿una comisión debe investigar una muerte siete meses después de que un tribunal condenara a tres personas a 25 años de cárcel, y un mes antes de que una sala penal ratificara esa sentencia? ¿Una comisión?

Una comisión gubernamental que se crea para empresa tal (y que, además, calla) es solo el ribete de algo mayor: pone en entredicho la institucionalidad. ¿Y la Función Judicial?

La Universidad de Vanderbilt, en su informe La cultura política de la democracia en América Latina, revela que los ecuatorianos confían más en el sistema de justicia: solo 38% de habitantes creía en el 2010; para el 2014 lo hacía el 48%.

Pero la confianza se puede quebrar con impunidad, y el caso Gabela sigue a prueba. 

Otro bien es la transparencia. Y ocultar un informe a una familia por 17 meses no es precisamente la mejor credencial. Por lo menos se trata de negligencia. ¿Cuánto costó ese informe?

Por cierto, la Universidad Vanderbilt descubrió que ahora uno de cada cuatro ecuatorianos es víctima de corrupción (26%), frente a uno de cada cinco en 2010 (21%). ¿Contradictorio? Un retroceso en términos de democracia.

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