4 de julio de 2017 19:07

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acepta extradición a México 

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos en su país. Foto: AFP

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos en su país. Foto: AFP

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Agencia EFE

El exgobernador mexicano del Estado de Veracruz, Javier Duarte, detenido provisionalmente en Guatemala, aceptó hoy, 4 de julio de 2017, la segunda orden de extradición a su país, en este caso por delitos federales, pero negó los cargos en su contra.

"No cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo", declaró Duarte en una audiencia celebrada en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, en la que escuchó los cargos y parte de las pruebas que la Justicia Mexicana tiene en su contra por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta es la segunda orden de extradición que aceptó en la última semana el político, recluido en una prisión que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, después de que el pasado martes aceptara otra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Según la acusación mexicana, leída por el fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez en esta vista, en contra del político, de 43 años, hay unas 19 pruebas entre las que se incluyen denuncias, entrevistas, compras de bienes, empresas y otras, además del nombre de Duarte y fotografías de su persona en algunos de esos documentos.

El político supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, adonde ingresó ilegalmente por vía terrestre, supuestamente en noviembre de 2016.

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos en su país.

Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en esa documentación y en varias declaraciones de testigos.

La defensa de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones contenidas en la solicitud de extradición "no logran demostrar en qué momento existe el vínculo o una relación de causalidad" con el político y agregó que las pruebas no logran establecer que esa supuesta organización de carácter delincuencial estuviera liderada por su defendido, por lo que son señalamientos "mal infundados".

"Hay una rivalidad y una persecución política. Están tratando de darle el matiz de desviar fondos y de compra de propiedades (...) pero las personas que aparecen (en el escrito) no tienen ninguna relación con él", enfatizó, y recordó que los delitos penales son "personalísimos" y que los más de 1 000 folios son "una ilusión óptica" y que adolecen de cualquier sustento legal.

Por su parte Duarte rechazó las acusaciones y decidió aceptar la extradición: "He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México (...) ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país".

"En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni de ninguno de mis familiares directos", enfatizó el exmiembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras un receso, el Tribunal, presidido por el juez César García, admitió la "aceptación voluntaria" de extradición de Duarte, suspendió el procedimiento y ordenó la entrega "inmediata" del político al Gobierno de México e informar de la decisión a la cancillería guatemalteca.

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