Hace 40 años, el artista visual ecuatoriano, James Verdesoto, dejó el país para afincarse en Nueva York. Allí su trabajo ha llegado a tener un gran reconocimiento. Verdesoto es el responsable del diseño de alrededor de 300 afiches cinematográficos. Películas como ‘Día de entrenamiento’, ‘Inocencia interrumpida, ‘The crying game’, son algunos pósters que muestran el talento de este diseñador.
Verdesoto ha mostrado que en la industria del cine siempre hay espacio para la innovación. El afiche de ‘Pulp fiction’, de Quentin Tarantino, es un ejemplo de ello. El cartel es un réplica de una revista de historietas, muy popular en el primer tercio del siglo XX.
Pero su trabajo ha tenido una trascendencia internacional, lo que ha permitido que Verdesoto trabaje para directores como el español James Verdesoto, al diseñar el póster promocional de su película ‘Kika’ o con el mexicano Alfonso Cuarón, con el póster de su película ‘Y tu mamá también’.
Afiches como los de ‘La gran estafa’ o ‘El último samurái’ muestran los rostros de George Clooney o Tom Cruise. Pero Verdesoto ha utilizado también la imagen de otras estrellas como Jim Carrey, Renée Zellweger, Julia Roberts o Hugh Grant.
Entrevista a Francisco Jiménez. Alianza País, ex Gobernador de Guayas
‘Se debe delimitar muy bien al Consejo de Comunicación’
Redacción Guayaquil
¿Cómo definiría al proyecto de ley de Comunicación que está en primer debate en la Asamblea Nacional?
Es un proyecto de ley de Comunicación, sin adjetivizarlo como un sector lo ha propuesto. Este es probablemente uno de los grandes debates nacionales porque, al fin y al cabo, la libertad de expresión es una de las claves de una verdadera democracia pluralista, así como también lo es el derecho a la honra de las personas. Son temas que debieron abordarse hace mucho tiempo, pero que en buena hora se lo hace ahora, con los nuevos parámetros institucionales.
Una de las principales críticas es que el proyecto busca controlar o regular a los medios de comunicación, ¿es esto así?
El proyecto debería fundamentalmente regular pero no puede hacer abstracciones de ciertos controles. Al fin y al cabo, una de las formas concretas en las que se materializa esa regulación es a partir del control. El derecho no es derecho si no existe un mínimo de coacción y, por lo tanto, dentro de esa voluntad de regular debe considerarse al control. No podemos hacer ninguna abstracción de eso.
¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Abogado. Docente en las universidades Espíritu Santo y Católica de Guayaquil, Secretario del Tribunal Electoral del Guayas, Subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Gobierno de enero a octubre de 2008 y fue Gobernador de Guayas hasta el 4 de agosto de 2009.
Pero ¿cómo garantizar que no haya subjetividades a la hora de que el Consejo de Comunicación establezca sanciones?
La existencia de un Consejo de Comunicación debe mantenerse, pero también deben delimitarse muy bien sus facultades. Las leyes viven de las instituciones que le dan forma. Un Consejo que regule y controle está bien, pero esa tarea debe hacerse a partir de parámetros objetivos.
¿Cuáles son esos parámetros objetivos?
Toda esa serie de controles que, en su momento, pueden llevarse a cabo y que permiten acreditar una información efectivamente generada, a partir de fuentes confiables y no especulativas. También hay que diferenciar lo que es opinión de los que es información. Tienen que establecerse parámetros claros.
¿Se debe mantener la capacidad sancionadora del Consejo de Comunicación?
Un consejo que sancione es muy dificultoso porque debe pensarse muy bien cuáles y de qué tipo serían. Estas estarían limitadas a los ámbitos exclusivamente administrativos porque tenemos un principio de unidad jurisdiccional y porque en el ámbito de esas sanciones existen parámetros de subjetividad y vamos a tener problemas en todo el sistema político.
¿La clausura de un medio como sanción, actualmente en vigencia, debe seguir?
Habría que pensarlo muy bien. El principio de la sanción administrativa como tal es perfectamente legítimo, debe existir por un principio básico de derecho. El punto es que en materia de medios de comunicación esta debe ser mirada con lupa. Ahí tenemos, sin duda, una confrontación de dos ideas.
¿A qué se refiere?
Primero, el derecho sin coacción no es derecho, es nada más que buenas intenciones. Segundo, la materia de la libertad de expresión es algo extraordinariamente sensible. Por tanto, si se deben llevar a cabo sanciones por parte del Consejo se tienen que hacer a través de parámetros objetivos y verificables, de tal forma que no quede duda de que hubo algún tipo de arbitrariedad o subjetividad. Es sano para un sistema político pluralista que la prensa cumpla el rol de incomodar al poder. Es vital, es legítimo.
¿Es oportuno que en la tensa relación entre los medios y el Gobierno exista una Ley de Comunicación?
Es oportuno y necesario. No se puede rehuir al debate. Es normal que haya una tensión entre los medios y el Gobierno. Esa tensión ha existido siempre, probablemente ahora con más
fuerza. Lo que el Régimen ha cuestionado es que en su momento se haya manipulado la verdad. Pero de ninguna manera por este parámetro inicial se ha propuesto una ley que pretenda restringir contenidos ni controlar los contenidos de los editoriales. Eso sería terrible para el sistema político.
¿Qué debe profundizarse en el proyecto?
Hay que salir de los paradigmas libertad de expresión y derecho a la honra en los que los grandes medios se han enfocado. Una buena Ley tiene que contemplar la estabilidad de los trabajadores. Deberían profundizarse la estabilidad y las condiciones razonables de trabajo de todos quienes laboran en medios, en especial de los radiodifusores, los que más sienten la precariedad del sistema laboral.
Pero ese solo es un tema de otros más polémicos.
Otro tema importante es el acceso que los diferentes estamentos sociales deben tener a los medios de comunicación no solo para opinar. Deben tener acceso a herramientas que les permitan difundir sus ideas en el espacio determinado. Por eso la democratización del espacio radioeléctrico también debe ser un objetivo de la Ley.