Tinta y papel, portales y teclas, no escasean a propósito de la orden judicial emitida por un Juez de la Corte Nacional para detener a 99 personas, incluido el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en busca de sus versiones.
Y sobran los motivos, tanto para criticar a quienes llevan un lastre por abusos de antaño desde el Estado como a los funcionarios que callan hoy en materia de derechos humanos. Materia prima para resucitar la pugna izquierda-derecha.
Palestra pública para sostener sin más, por un lado, una supuesta vendetta de los ex AVC en la burocracia y, por otro, la amargura neoconservadora.
Lo lamentable es que esa discusión estéril echa tierra sobre algo sensible: la impunidad por la posible ejecución extrajudicial y desaparición forzada de personas durante un operativo policial en una farmacia del barrio La Alborada.
La acción del Juez de la Corte, no cabe duda, ha sido un desliz. ¿Quién convirtió un caso judicial en un asunto ideológico-político? Sí, luego se suspendió la prisión para lograr los testimonios, pero de un magistrado se espera prudencia y equilibrio, siempre, más al abordar un caso por el cual el Estado debe responder.
Este proceso, denominado por la Fiscalía el caso Las Dolores, es emblemático, puede servir de referencia para otros crímenes impunes.
La Comisión de la Verdad documentó 68 ejecuciones extrajudiciales (homicidios) perpetradas desde el Estado en Ecuador entre 1984 y 2008.
32 casos, la mayoría, se registraron durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). En la administración de Lucio Gutiérrez (2003-2005) hubo nueve hechos. En el régimen de Rodrigo Borja (1988-1992) se reportaron siete. Entre 2007 y 2008, en la presidencia de Rafael Correa, la Comisión documentó seis casos.
El derecho a la vida es inalienable. Sin ese derecho humano fundamental es imposible el ejercicio de los demás derechos. Y el Estado es el responsable de garantizarlos. Los rencores políticos distraen, solo pueden ser un velo para cubrir la impunidad.