7 de abril de 2018 00:00

El Servicio de Rentas Internas plantea IVA para los seguros de salud

La empresa de medicina prepagada Seguros Humana posee 180 000 clientes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Negocios y Guayaquil (I)

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El plan económico del Gobierno Nacional propone gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los seguros.

El tema se incluirá en una Ley urgente que irá este mes a la Asamblea, pero el paquete de reformas no incluirá la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) como había anunciado el Gobierno.

La información la entregó ayer (viernes 6 de abril del 2018) Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Director del SRI: Los seguros de vida y médicos están en la población de ingresos más altos. Captura

Sobre el tema de seguros, el funcionario aclaró que la medida solo aplicará a segmentos de salud y vida. “No están previstos los seguros de vida relacionados con desgravamen”.

El SRI calcula que con la medida se lograría recaudar USD 23 millones al año, aunque los cálculos del sector asegurador dicen que la cifra es mayor.

Por salud, de acuerdo con estimaciones de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) y el gremio de empresas de medicina prepagada, la recaudación sería de USD 69,12 millones. Mientras que por seguros de vida individual sería de USD 3,6 millones. Esto implicaría un aumento del costo de las pólizas.

Orlando señaló que cuando se decidió gravar con IVA a los seguros se consideró la información estadística. “Se ha identificado que tiene un menor peso en la canasta básica familiar y está concentrado en los estratos poblacionales de ingresos más altos”.
Por el contrario, Patricio Salas, secretario Ejecutivo de la Fedeseg, consideró que la medida sí afectará a las clases media y baja, que se protegen con microseguros porque la oferta pública de los servicios de salud es deficitaria.

Roberto Aspiazu, vocero de las empresas de medicina prepagada, coincidió con Salas, al señalar que las fallas en la Red Pública de Salud y las demoras en citas de las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) obligan a contratar un servicio privado.

“Debe mantenerse la tarifa cero porque es un bien social y la política pública apunta a estimular que la gente tenga seguros y eso le ahorra dinero al Estado”, recalcó.

Patricia Quintero cuenta con un seguro particular en el cual están afiliados su hijo de 17 años y su madre de 79, quien también pertenece al IESS.

Por los tres paga USD 130 cada mes, pero un incremento en la prima desajustará su presupuesto. “Tendré que dejar a uno fuera del programa privado, porque se me escaparía de las manos”, dijo.
Para Quintero, un seguro privado es importante, especialmente en el caso de su madre, quien necesita atención neurológica. Desde hace cuatro meses, dijo, no consigue cita en el sector público.

El gerente General de Seguros Humana, Pablo Albuja, consideró que el Gobierno no evalúa a profundidad el impacto social que tiene este tipo de medidas. “Están viendo solo la parte recaudatoria, de cómo financiar un déficit fiscal al cobrar más a la clase social alta, pero no ven que la gran mayoría de las personas afiliadas pertenece a los quintiles 2 y 3 de la población”.

Javier Palacios posee un seguro de salud corporativo por el que cancela mensualmente USD 38. Para este asegurado, con la medida el Gobierno busca financiamiento en los “bolsillos de las personas”.

Albuja subrayó que la medida generará una contracción del mercado, pues subirán los costos de las pólizas.

Según el IESS unos 930 000 ecuatorianos tienen seguros de salud y vida. Eduardo Izurieta, gerente de Salud S.A., indicó que al menos el 10% de ellos migrará al servicio público. “Esto significará un mayor costo para el Estado” .

Aspiazu y Salas concordaron en que este encarecimiento en los seguros médicos es contradictorio con la ley de incentivos tributarios, del 2016, que por el contrario los promovía.

Recordaron que el presidente Lenín Moreno aseguró el 2017 que no subiría impuestos. Orlando dijo estar abierto a que se discuta el tema.

Y sobre el ISD dijo que antes de su eliminación se debe evaluar el impacto de los cambios tributarios que irán en el proyecto de Ley urgente que se enviará a la Asamblea. Además, se evaluará la balanza de pagos y el comportamiento de la inversión privada, lo cual tomará entre seis meses y un año.

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