Tocaron las puertas de la Presidencia de la República. Llegaron a la Defensoría del Pueblo y hasta pidieron ayuda en la Asamblea Nacional. Su lucha comenzó en agosto del 2012 cuando el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) les retiró las pensiones a cerca de 1 500 mujeres solteras, hijas de policías, que recibían su montepío.
Ellas gozaban de este y otros beneficios sociales con base en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas de 1959. En 1995, con la creación del seguro policial, ellas fueron absorbidas como el grupo de “mujeres de la excaja policial” y se les ratificó ese derecho. Pero, el Isspol consultó a la Procuraduría el pago vitalicio y suspendió la entrega del beneficio.
De ese grupo de casi 1 500 mujeres, a 150 les restituyeron la pensión vitalicia luego de que la Corte Constitucional ordenara al Isspol el pago de los montepíos. La sentencia, de 22 páginas, fue emitida el 27 de mayo del 2015. Esta dispone al Isspol que en un plazo de 60 días ejecute el pago de las pensiones de las 150 mujeres dentro del expediente número 0041-13-AN, que fue tramitado desde el inicio con el abogado Marco Proaño Maya.
Al principio, todas fueron representadas legalmente por Proaño y luego 60 se cambiaron con la abogada Patricia Cabezas.
María Hernández y Martha Villagómez son procuradoras comunes (representantes) de las perjudicadas que en su mayoría es de la tercera edad. Ellas cuentan que han padecido enfermedades y accidentes luego de que les retiraran la pensión. Por ejemplo, la primera padeció una parálisis facial y la otra le atropelló un carro mientras realizaba las gestiones para pedir que les paguen el beneficio.
Ambas cuentan que cerca de 18 mujeres murieron. Las que estaban enfermas, en cambio, empeoraron su salud. Ana Monteros, de 78 años, tiene diabetes y asma. Su sistema respiratorio empeoró y requiere oxígeno. A otra señora le operaron del corazón seis meses antes de que le anunciaran que no recibirá la pensión. Eso le afectó en el pecho y tiene problemas de tiroides.
Otras tuvieron problemas económicos y a veces “no tenían para los pasajes”. María Haro, de 86 años, vivió estos dos últimos años del reciclaje de cartones y botellas. No tiene familia y vive sola en un cuarto con piso de cartón en el Valle de los Chillos. “Mi vista empeoró y me duelen las rodillas”.
La sentencia es retroactiva, explican Hernández y Villagómez. Es decir, las mujeres deben recibir el dinero que les corresponde a los casi tres años que no les entregaron las pensiones. También señalan que este grupo de mujeres es el último que se beneficiará de las pensiones vitalicias.