Redacción Judicial
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El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) defiende el cobro del dinero extra que recibieron 2 169 policías retirados, en sus pensiones.
Las reacciones
El comandante general de Policía, Freddy Martínez cree que las personas que fallecieron no deberían asumir la deuda, pero eso tiene que decidirlo la comisión de diálogo.
La comisión de diálogo no tiene un tiempo límite para llegar a acuerdos. Pero tiene que hacer efectivo el cobro de
USD 6,7 millones.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, pidió un informe detallado sobre el tema.
El coronel Edwin Suárez, director general, aseguró que el instituto incluso tiene la potestad de descontar el dinero de oficio, si los pensionistas no lo devuelven de forma voluntaria. “Es un pedido que lo hizo la Superintendencia de Bancos y Seguros y tiene el carácter de obligatorio”, enfatizó.
Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Isspol tiene que recuperar alrededor de USD 6,7 millones. El dinero lo habría entregado la anterior administración, dentro del proceso de homologación de las pensiones, desde junio de 2006. El problema, dice el ente control, es que se definieron pensiones sin un estudio técnico actuarial.
Esto provocó que “a algunos afiliados se les entregue dinero extra y, a otros, menos de lo que en realidad les correspondía”, refiere el director económico y financiero del instituto, Raúl Díaz.
En diciembre de 2008, agrega, cuando ya se contó con el estudio actuarial, se entregó USD 13 millones a las personas que fueron perjudicadas y se definió una estrategia para cobrar a los que recibieron dinero extra. Esta era el descuento de entre el 15 y 25 %, en sus pensiones mensuales.
Pero los deudores se opusieron argumentando que no tenían la culpa de que se haya pagado un monto extra. Esto lo reconoció el mismo director del Isspol, pero aclaró: “Si bien no era culpa de los pensionistas el haber recibido dinero en exceso, no es menos cierto que, por honestidad e integridad moral, lo que no pertenece tiene que devolverse”.
Los desacuerdos hicieron que el Consejo Superior del Isspol derogue la estrategia de descuentos. En su lugar trató de llegar a consensos y organizó una reunión en el Rancho San Vicente, en el norte de Quito. La cita se dio el 7 de julio a puerta cerrada. Uno de los participante reveló que el comandante general de la Policía, Freddy Martínez, “llamó a la sensibilidad de los señores pensionistas para evitar que no se cuestione la honestidad del policía”.
Pero los desacuerdos persistieron y, al final de la reunión, se creó una comisión de diálogo integrada por 14 policías -siete en servicio pasivo y siete activos-, para buscar una solución.
Este ente tendrá que decidir también si procede o no el cobro a los familiares de los policías que ya fallecieron. 90 nombres aparecen en la lista de deudores.
Hasta ayer, no había resultados positivos dentro de la Comisión, según Jacinto Pacheco, presidente de la Asociación de Clases, Policías y Montepío de Pichincha.
Él sostiene que lo que trata de hacer el Isspol “es anticonstitucional”, pues el artículo 371 de la Carta Magna establece: “las prestaciones en dinero en seguridad social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo en los casos de alimentos.
Pero el Isspol pide que se lea el artículo completo. La parte que dice “salvo obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora”. Esto daría el sustento jurídico al instituto para dar paso al descuento de los montos extras.