10 de julio de 2018 00:05

Cinco irregularidades en transacciones con papeles de Finanzas

El contralor Pablo Celi (der.), junto a los veedores del examen especial a la deuda, explicó ayer los resultados de este nuevo informe relacionado a los Cetes. Foto: API

El contralor Pablo Celi (der.), junto a los veedores del examen especial a la deuda, explicó ayer los resultados de este nuevo informe relacionado a los Cetes. Foto: API

valore
Descrición
Indignado 21
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 35
Evelyn Tapia
(I)
tapiae@elcomercio.com

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo informe de Contraloría que indaga el manejo de la deuda pública derivó ayer en indicios de responsabilidad penal en contra de exfuncionarios públicos, entre ellos, el expresidente Rafael Correa.

De acuerdo con el ente de control, los indicios se sustentan en el perjuicio a los recursos públicos.

El ente de control presentó los resultados del examen especial al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes), entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017.

Los Cetes son papeles a través de los cuales el Fisco consigue liquidez. A diferencia de otros títulos de valor que emite el Estado, estos papeles se emiten a un plazo menor a 360 días y, por tanto, no se registran en el cálculo de la deuda pública.

El contralor Pablo Celi detalló cinco “novedades” halladas en el informe, y añadió que el monto analizado asciende a USD 2 300 millones.

La primera observación es que los Cetes se colocaron a plazos mayores a los permitidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), por ende, debieron registrarse en el cálculo de endeudamiento.

Según el ente de control, se efectuaron seis colocaciones de este tipo de certificados a un plazo de 360 días, por un monto efectivo de USD 21 millones, más un costo financiero de USD 635 010 .

El problema es que esto contraviene lo establecido en el artículo 123 del Coplafip y el 130 del reglamento, que señalan que los Cetes corresponden solo a operaciones “menores a 360 días”.

Sin embargo, el decreto ejecutivo 1218 modificó el reglamento y estableció que los títulos de “hasta 360” días no serán considerados como deuda pública.

De ahí que Contraloría insistió nuevamente en la recomendación de que se derogue este decreto. Además, sugirió modificar las escrituras de emisión de Cetes que contemplan los plazos de emisión de hasta 360 días.

La segunda observación es que estos papeles se usaron como dación de pago a entidades públicas y privadas con las cuales el Fisco tenía deudas. Entre ellas, nueve universidades, el Municipio de Guayaquil y el Banco de Desarrollo (BdE).

En los convenios las obligaciones ascendían a USD 84,3 millones; sin embargo, por los Cetes, las obligaciones se incrementaron a USD 86,5 millones, debido a los costos financieros.

El Coplafip señala que se podrán otorgar en dación de pago solo los valores del Estado que formen parte del endeudamiento público, pero los Cetes no lo son.

El tercer punto es que las autoridades de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entre otras ahora observadas, permitieron canjear estos instrumentos por títulos de valores emitidos por el Banco Central del Ecuador (BCE), como Cupones de Capital y Bonos de Estado.

Según el ente de Control, también se canjearon por títulos vencidos. En este contexto, se cuestiona que se haya dispuesto las renovaciones automáticas de estos títulos valores, “sin observar que dichas operaciones superaron el plazo de 360 días de colocación”.

El cuarto punto es que estas operaciones no permitieron el pago efectivo de las obligaciones al Fisco. El informe señala que la colocación de Cetes debió hacerse para cubrir deficiencias fiscales, pero al canjearlos por otros papeles “ocasionaron el aumento de obligaciones adquiridas por Finanzas en USD 17,1 millones”.

“Los canjes y renovaciones asfixian a la caja pública”, dice Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.

Contraloría cuestionó que se haya calificado como reservada la documentación de estos instrumentos.

Se trata del segundo informe de responsabilidad penal que afronta Correa. El primero se emitió en abril, también por el manejo de la deuda.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (15)
No (3)