16 de mayo de 2016 18:16

Investigan a una corporación que habría entregado títulos de bachiller irregulares

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Sara Ortiz

Desde hace 10 años operaba en Quito una corporación educativa dedicada supuestamente a la entrega de títulos de bachillerato de manera irregular. La Policía Judicial de Pichincha, a cargo del caso, descubrió que tal entidad habría cobrado entre USD 1 200 y USD 2 000 por la titulación y en varios casos, sin que los estudiantes hayan asistido a clases.

Según el parte policial, la empresa no contaba con el aval del Ministerio de Educación por lo que no podía emitir actas de grado de bachillerato. En cambio, en la página de Facebook de la institución se explica que está dedicada a la formación educativa.

La investigación detectó dos modalidades delictivas. La primera iniciaba con la oferta de títulos en tan solo un año. Para eso, el alumno tenía que cumplir tres horas de clases, dos sábados al mes. La segunda, los valores que se cobraban incluía la posibilidad de que el interesado no asista a clases.

La supuesta Corporación habría cobrado valores como USD 30 por inscripción, USD 20 por los módulos, USD 850 por el ciclo básico; USD 850 por un ciclo diversificado y otros USD 250 por derecho de grado. Además pedían USD 250 adicionales por incluir en el título la especialidad que el alumno deseaba.

Una de las estudiantes que recibió el título denunció el caso a principios de mayo. Ella aseguró que hace un año se graduó de bachiller en esa corporación y que durante la ceremonia, en sus instalaciones, en San Antonio de Pichincha, le entregaron un título en donde constaba que había cursado sus estudios en un colegio de Guayaquil.

La joven, que sí asistió a clases en Quito, preguntó a la secretaria de la entidad por qué aparecía en su acta el nombre de ese colegio del que ni siquiera había escuchado. En su declaración, ella segura que la funcionaria le afirmó que esa institución educativa les estaba "ayudando" y que "no pregunte más porque era una desagradecida".

Títulos sin registro
Un año después realizó una consulta en Internet y descubrió que su título todavía no había sido registrado en el sistema del Ministerio de Educación; en ese momento decidió denunciar. Otros estudiantes con el mismo problema también informaron a las autoridades.

El sábado 14 de mayo del 2016, la Fiscalía dirigió un operativo en Guayllabamba, San Antonio de Pichincha y la Jipijapa. Tres inmuebles fueron allanados y tres personas quedaron detenidas. Se tratan de Gerardo P., gerente y propietario de dicha Corporación, Cecilia B., secretaria y María S., tesorera, quienes fueron identificados por los estudiantes que denunciaron el caso como las personas a quienes les habían cancelado diferentes cantidades de dinero.

Ellos fueron acusados por la Fiscalía por una supuesta estafa y ayer, domingo 15 de mayo del 2016, quedaron con prisión preventiva.

En la audiencia se presentaron como evidencias, los testimonios de los perjudicados, sellos, módulos de estudio, USD 1 205, recibos, computadoras, certificados, entre otros documentos.

Durante el allanamiento a las instalaciones de la corporación, los agentes hallaron a 35 estudiantes quienes recibían clases. Ellos manifestaron que han cancelando dinero a los funcionarios de referida entidad particular. Además dijeron que esa institución estaría conformada por un grupo de personas que se hacían pasar como predicadores evangélicos.

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