7 de marzo de 2016 21:56

Investigadores privados también indagan el caso de las turistas argentinas

Joselito Argüello, abogado de Eduardo R., uno de los detenidos por la muerte de dos turitas argentinas en Montañita, ofreció rueda de prensa para denunciar que no le permiten comunicarse con su cliente en la cárcel.

Joselito Argüello, abogado de Eduardo R., uno de los detenidos por la muerte de dos turitas argentinas en Montañita, ofreció rueda de prensa para denunciar que no le permiten comunicarse con su cliente en la cárcel. Foto: Francisco Flores / EL COMERCIO

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Washington Paspuel

Al menos dos equipos de investigadores privados indagan el caso de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegazzo. La tarde de este lunes 7 de marzo Joselito Argüello, abogado contratado por la familia de Eduardo R., uno de los dos detenidos dentro del proceso, manifestó que asignó un equipo de investigadores para revisar de manera independiente los sitios donde, según la Fiscalía, estuvieron las turistas antes de desaparecer, el mes pasado. También esperan que la Fiscalía les permita revisar los documentos del proceso. Este se halla en etapa de instrucción fiscal, desde el 1 de marzo del 2016.

“He pedido la colaboración particular de un médico legista cubano, y de un especialista en Criminalística graduado en Argentina, para que investiguen todo lo que se ha hecho al momento”, aseguró Argüello. También dijo que ha enviado una carta al Ministerio de Justicia para que se le permita tener acceso a su defendido, y entrevistarse con él.

La defensa de Segundo P., el otro detenido, también anunció que un equipo de investigadores privados ya permanece en Montañita recabando información. Héctor Vanegas, quien fue contratado por la familia del procesado, mencionó que su equipo buscará hallar evidencias en el lugar para determinar posteriormente cómo llevarán la defensa de Segundo P.

Eduardo R., y Segundo P. permanecen con prisión preventiva en la cárcel regional Guayas, en Guayaquil, desde que la Fiscalía formuló cargos en su contra, el 1 de marzo.

La madre de Segundo P. sostuvo la mañana del domingo, en un pronunciamiento a la prensa, que hasta ese día desconocía en qué condiciones permanece recluido su hijo, quien junto con Eduardo R. fue trasladado desde Santa Elena.

“Vamos a investigar si, efectivamente, detrás de la inculpación (de Segundo P.) hubo presiones”, indicó Vanegas acompañado de la familia del detenido.

La Fiscalía tiene 90 días, desde el 1 de marzo, para reunir elementos que determinen la culpabilidad de los detenidos. Además de tomar las versiones de más testigos, el fiscal Juan Pablo Arévalo, quien lleva el proceso, deberá fijar fecha para la diligencia de reconstrucción de los hechos. Esa diligencia, que todavía no tiene fecha, tendrá el apoyo de peritos de Colombia, según adelantó el pasado jueves 3 de marzo el fiscal general Galo Chiriboga. Con relación a la asistencia de peritos argentinos, la noche de este lunes estaba previsto que el equipo de cuatro investigadores, que se encuentra en el país desde el viernes 4 de marzo, ofrezca detalles en Guayaquil sobre sus labor en Ecuador.

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