22 de enero de 2016 17:43

Investigaciones por supuesta corrupción en Centro de Detención del Ministerio de Justicia

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Mario Alexis González

Una acción coordinada entre Policía Nacional, Fiscalía y el Ministerio de Justicia permitió descubrir que tres funcionarios de esa Cartera estaban solicitando dinero a guías penitenciarios. El fin era borrar de sus expedientes procesos disciplinarios y administrativos que la institución tenía en su contra.

La tarde de este viernes 22 de enero del 2016, en los exteriores de la Unidad de Flagrancias de Quito, la fiscal María Susana Rodríguez informó que las investigaciones comenzaron porque ayer, jueves 21, se encontró a los sospechosos realizando una operación de este tipo por USD 500. Ellos tendrían acceso al sistema informático de la entidad.

Rodríguez no confirmó ni los nombres ni los cargos de estos funcionarios. Pero agregó que se les dictó prisión preventiva y de ser encontrados culpables podrían ser privados de la libertad por tres a cinco años.

Henry Machado es abogado de dos de los sospechosos, a quienes identificó como Carmen Q., directora del Centro de Detención de Archidona, en Napo; y Cristian A., chofer de la funcionaria antes nombrada. Él negó rotundamente las acusaciones hechas por Fiscalía a sus defendidos. Además, descartó que se los haya encontrado en delito flagrante.

Minutos más tarde, la ministra, Ledy Zúñiga, y el mayor Miguel Pazmiño, director de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, ratificaron las sospechas presentadas por la Fiscalía e indicaron cómo operaba esta red.

La Ministra explicó que la Directora del Centro de Detención en mención era quien amonestaba a los guías de ese lugar y luego, junto con su chofer, les “daban el dato” de la persona de Talento Humano (la tercera detenida) de la Planta Central del Ministerio, en Quito, que les podía borrar las amonestaciones de sus expedientes por un valor en dólares. Estas amonestaciones se debían a faltas administrativas como atrasos o mal uso del uniforme.

Pazmiño, por su parte, informó que la investigación inició el 29 de octubre de 2015. Y, ayer en un operativo denominado “limpio” se capturó a los sospechosos. Las pruebas que avalarían estas acusaciones serían mensajes de textos y depósitos en cuentas bancarias.

Al momento no se conoce cuántos expedientes se habrían vulnerado por esta red ni cuánto dinero circuló. Pero, se cree que la ilegalidad funcionaba solo en el Centro de Archidona. Se investiga además a los agentes que demandaron el servicio.

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