2 de noviembre de 2017 00:00

Dos investigaciones abiertas por el Bono

En el operativo Fortaleza 169 se allanaron dos inmuebles y dos cybers en Santo Domingo. Foto: Cortesía Policía

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Redacción Santo Domingo

Las investigaciones para esclarecer el caso de la red delictiva acusada de apropiarse de USD 8 millones del Bono de Desarrollo Humano, continúan desde dos frentes.

Por un lado, la Fiscalía y Policía indagan si la organización tendría otros establecimientos que alojan bases de datos de las identidades de más perjudicados.

Según los cálculos, el dinero desviado entre el 2013 y 2017 correspondería a 2 667 personas. Pero la Policía al momento tiene datos de 1000 perjudicados. Sus identidades se encontraron en las computadoras y documentos que la red delictiva tenía en los locales que servían como base de operaciones, según los investigadores.

La organización conformada por siete personas fue desarticulada el martes 31 de octubre, en dos operativos simultáneos realizados en Santo Domingo de los Tsáchilas y el cantón Puerto Quito, en Pichincha.

Las pistas sobre la forma de operar de los ahora aprehendidos fueron proporcionadas por los perjudicados, quienes presentaron las denuncias de forma reservada.

Los USD 50 de la subvención eran cobradas a nombre de adultos mayores de zonas rurales de cinco provincias, sin que ellos se enteran que eran beneficiados.

La otra investigación en marcha es de carácter administrativa y se desarrolla en la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por medio de los abogados de la planta central. Esto lo informó la entidad. El objetivo es detectar si existiría responsabilidad de algún funcionario.

Agentes de la Fiscalía tratan de esclarecer si el registro de los favorecidos se habría realizado con el aval de un servidor público.

Para tener nuevos elementos que aporten a la investigación, la Fiscalía solicitó un plazo de 90 días.

Así lo resolvió el Juez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas al finalizar la audiencia de formulación de cargos.

En esa diligencia también se dispuso que tres de los acusados sean investigados por el delito de defraudación tributaria. Los otros cuatro son indagados por asociación ilícita.

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