20 de julio de 2014 00:05

La investigación de la deuda no tuvo ninguna secuela judicial

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Arturo Torres R. Editor (I)

El dios griego Jano tiene dos rostros: uno mira al pasado y otro al futuro. Así como esa figura mitológica, el Gobierno ha tenido dos posiciones distintas frente al manejo de la deuda externa.

En el pasado fustigó duramente las políticas de endeudamiento de otras administraciones con los organismos y la banca internacional; sin embargo, en los últimos meses concretó nuevas operaciones crediticias a las cuales calificó de exitosas, síntoma de confianza en la economía ecuatoriana.

Especialmente a la colocación, en junio pasado, de USD 2 000 millones en bonos, a un plazo de 10 años, y un interés del 8% (160 millones anuales). Y a la contratación de un crédito por 400 millones con Goldman Sachs, conocido internacionalmente por sus prácticas financieras turbias, así como la aprobación de una línea de crédito por 1 000 millones con el Banco Mundial.

Hasta mayo, la deuda de Ecuador llega a 24 600 millones. Es decir que cada ecuatoriano debe a los acreedores externos 1 774 dólares.

El giro fue radical en seis años. Entonces el Gobierno era crítico de las prácticas de sus predecesores. En el clímax, en noviembre del 2008, el presidente Rafael Correa anunció el no pago de compromisos por los intereses de los bonos Global 2012, que vencían ese mes y sumaban 30,6 millones.

La decisión tuvo como sustento el informe de la Comisión para la Auditoría Global del Crédito Público (CAIC), creada un año antes por el Régimen para investigar la deuda contraída, entre 1976 y 2006.

Los créditos contratados -que al 2006 sumaban 14 246 millones- fueron en buena parte ilegítimos e ilegales y se instrumentaron bajo la presión y condiciones impuestas por los acreedores internacionales, según la conclusión medular del informe.

“Existen evidencias de delitos de acción pública como falsedad ideológica, prevaricato, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, quebrantando el orden jurídico con total impunidad, sin intervención de organismos de control público”.

El informe se presentó en Ciespal, ante centenares de militantes del oficialismo y miembros de movimientos sociales, críticos del pago de la deuda. Entre los presentes estuvo el entonces fiscal Washington Pesántez, quien anunció que el informe daría inicio a una indagación penal para establecer si se configuró algún delito. Los días siguientes, incluso, Luis Villacís, dirigente del MPD, entonces aliado del Gobierno, formalizó su denuncia “contra los causantes del atraco”, incluidos algunos exmandatarios y exministros, quienes fueron llamados a declarar.

En esos días también acudieron a la Fiscalía algunos de los comisionados que elaboraron el informe, entre otros los ecuatorianos Franklin Canelos (vicepresidente) y Hugo Arias, y el argentino Alejandro Olmos Gaona. “Personalmente fui el primero que se presentó a declarar en la Fiscalía. El 2010 incluso acompañé elementos de prueba obtenidos en Argentina, relevantes para incriminar a los responsables (…). Me parece que se desconoció el propósito del presidente Correa de enjuiciar a los responsables”, sostuvo Olmos desde Argentina.

Olmos fue asesor del presidente Correa y le recomendó impugnar el pago de toda la deuda. Pero Correa fue más cauto. Declaró la moratoria y recompró los bonos Global 2012 y 2030 al 35% de su valor nominal, ahorrando alrededor de USD 2 000 millones. Fue una jugada audaz, pero sobre todo de gran impacto.

No obstante, Olmos cree que se pudo ir más lejos. “Lastimosamente los abogados contratados por Ecuador estimaron que había que negociar, pues no se podía impugnar la deuda. No estuve de acuerdo, ya que lo que es ilegal no puede ser materia de negociación alguna, pero debo admitir que el presidente Correa no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano para enfrentar al sistema financiero y debió negociar”.

Sobre la falta de consecuencias judiciales, que fue uno de los objetivos de la Comisión, también coincide Franklin Canelos, quien fue vicepresidente de ese organismo. “No se hizo lo que la Comisión pidió. Le dije al Presidente que no queríamos que el informe que nos costó tanto trabajo terminara en un archivador, pero así fue”.

En la Fiscalía, el caso no superó la etapa de indagación, pues las evidencias recabadas no configuraban ningún delito, dijeron fuentes de la entidad.

En el informe se advierte que la auditoría no sustituye la función de la Contraloría. Por eso, la CAIC propuso la intervención de ese organismo para que fueran sometidas al proceso formal de control y se establecieran responsabilidades.

En la entidad, sin embargo, el informe tampoco tuvo un segundo capítulo. El reporte se adjuntó como parte de hojas de trabajo, pero nunca devino en un examen formal a la deuda, pues el reporte no lo ameritaba.

Otro aspecto destacado por el presidente Correa en el decreto que creó la Comisión de Auditoría de la Deuda fue la necesidad de establecer un sistema de transparencia de la información para los procesos de endeudamiento. El artículo 288 de la Constitución señala que el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano (representado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana) vigile y audite la deuda y su manejo. No obstante, ninguno de estos mecanismos se ha implementado. Lo reconoce Hugo Arias, uno de los miembros titulares del Consejo de Participación. Él es un estudioso de la deuda y también fue parte de la CAIC.

“El manejo de la deuda está en la Constitución pero no se cumple, aún no se aplica en la legislación. También resta por integrar el comité de deuda”, subraya, mientras destaca el papel histórico del Gobierno, que cambió la dinámica del uso de los créditos para enfocarlos en proyectos de desarrollo.

Para el ministro de Economía Fausto Herrera no todo el proceso debe ser transparentado. “Nosotros necesitamos mantener en reserva ciertas operaciones, porque pueden perjudicar las futuras operaciones del Ecuador (en el mercado de capitales).

Para mí ha sido muy transparente y hasta el más acérrimo opositor ha leído el memorándum que hemos enviado a los mercados; ahí está la situación del país, están los problemas que pueden haber en el futuro. Creo que es lo más transparente en los últimos 10 años. Podríamos trabajar en eso en un futuro cercano, una vez que estemos totalmente integrados con el mercado. Por ahora no lo veo, porque hay gente que se mueve no por un amor al Ecuador sino por odio al Gobierno, eso puede hacer daño al Ecuador y eso no lo voy a permitir”.

El giro del Régimen en el manejo de la deuda es interpretado por Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal, como un problema estructural. “Los altos intereses que nos cobran por los préstamos evidencian que el país es considerado de alto riesgo. Se repiten las prácticas de poca transparencia. Hay un control absoluto que impide la fiscalización y rendición de cuentas. Eso garantiza la impunidad”. 

En contexto

En seis años el Gobierno dio un giro. En noviembre del 2008 declaró ilegal e ilegítima la deuda y suspendió el pago de los bonos Global 2012. Luego renegoció el pago en condiciones. Los últimos meses volvió a acercarse a organismos que antes cuestionó.

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