13 de noviembre de 2015 00:00

USD 32 millones menos para invertir en la justicia

El Complejo Judicial de Ambato costó USD 17,3 millones. Ayer la obra fue inaugurada. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

El Complejo Judicial de Ambato costó USD 17,3 millones. Ayer la obra fue inaugurada. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Es una obra imponente. Tres torres de cinco pisos cada una forman el Complejo Judicial de Ambato. Son 1,6 hectáreas de construcción, en donde ya trabajan 256 funcionarios judiciales.

Ayer fue la inauguración oficial de la obra, diseñada para atender a 500 000 usuarios.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), cortó el listón y junto a magistrados y delegados de la Escuela de la Magistratura de Francia hizo un recorrido en los pisos.

La creación de juzgados, complejos y unidades judiciales ha sido una de los principales ejes de trabajo del CJ. Además, el dotarlos de tecnología.

Sin embargo, para el próximo año, escenas como las de Ambato serán menos usuales.

Esto ocurre porque con el reajuste del presupuesto general del 2016, la Función Judicial recibirá menos dinero.

Eso afectara exclusivamente a la inversión. En este año, para infraestructura, tecnología, remodelación, etc. ,se contaban con USD 117 millones.

Ese monto se reducirá a USD 85 millones en el 2016. Es decir, USD 32 millones menos.

Jalkh señaló que esa reducción implicaría que “algunos proyectos” que tenían para el próximo año no se realicen. “Por ejemplo, nos hubiese gustado crear un par de unidades de flagrancia en Azuay”.

En Quito también se levanta, desde principios de este año, dos complejos judiciales, en el norte y sur. La primera es una edificación de 49 000 metros cuadrados y cuesta USD 57 millones. El edificio del sur fue valorado en USD 7,8 millones y se levanta en un terreno de 9 000 metros, en Quitumbe.

El financiamiento de estas dos obras sí está previsto, al igual que la construcción de las Unidades de Flagrancia de Durán y de El Empalme.

También la terminación de las obras iniciadas en San Miguel (Morona Santiago), en la Corte Provincial de Guaranda (Bolívar), la Unidad de Familia de Riobamba (Chimborazo).
Jalkh dijo que esta reducción en el presupuesto no se aplicará para el gasto corriente, como el pago de sueldos para 1 900 jueces que operan en el país.

Desde el 2011, la Función Judicial ha enfrentado un proceso de cambio y de modernización, tras la consulta popular, que en una primera fase requirió unos USD 600 millones.

Solo en el 2013, el Consejo de la Judicatura invirtió alrededor de USD 150 millones en infraestructura y tecnología.

Para cantones como Marcelino Maridueña (Guayas), Sigsig y Gualaceo (Azuay), la creación de unidades judiciales y el aumento de jueces significan que la gente no se desplace a las capitales provinciales.

Por ejemplo, el cantón General Antonio Elizalde (Guayas) recibió su primera Unidad Judicial Multicompetente.

En el caso de Ambato, el Complejo Judicial costó USD 17,3 millones. Allí funcionan las Unidades de Familia, Niñez y Adolescencia, Trabajo, Civil, Tránsito, salas de Garantías Penales, entre otras dependencias. En total, en este complejo trabajan 51 jueces de todas las materias. Como parte de la tecnología, hay salas de audiencias para videoconferencia, cuatro cámaras de Gesell, en donde se toman las versiones de víctimas de violencia.

En contexto

La semana pasada, en la Asamblea se difundieron los ajustes en los presupuestos de las funciones del Estado, para el 2016. Por la caída de los precios del petróleo, el Min. de Finanzas anunció que se recortará el gastos de inversión y se mantendrá el gasto corriente.

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