21 de octubre de 2015 00:00

La inversión en los sectores estratégicos queda blindada

Virgilio Hernández (AP) indicó que los sectores estratégicos tienen su propia regulación. Foto: EL COMERCIO

Virgilio Hernández (AP) indicó que los sectores estratégicos tienen su propia regulación. Foto: EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

El bloque oficialista lo dejó claro. Los temas polémicos en el proyecto de Asociación Pública Privada (APP) prácticamente no se modificarán.

Eso se dejó ver durante el primer debate que se llevó a cabo ayer y que se extendió por más de 6 horas. El proyecto tiene carácter de económico urgente.

El objetivo de la norma es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra. De aprobarse el texto los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, para lo cual contarán con beneficios tributarios.

Los sectores en los cuales se puede invertir son vialidad, puertos, aeropuertos, construcción de viviendas de interés social, entre otros. Pero, no se permite inversiones en sectores estratégicos.
Asambleístas de bancadas de oposición como Moisés Tacle (Madera de Guerrero) insistieron en que se lo permita, porque se trataría de importantes inversiones que pudiera llegar a necesitar el Estado en caso de no tener los recursos requeridos. Pero el oficialista Virgilio Hernández explicó que estos sectores tienen su propia ley.

El artículo 313 de la Constitución, de hecho, establece que el Estado se reserva el derecho de administrarlos y regularlos.
Solo el hecho de nombrar que se pudiera invertir en sectores estratégicos habría generado incomodidad en AP, por lo que el pasado lunes se habría llegado a un acuerdo sobre el tema y tener una sola propuesta.

Los oficialistas junto al nuevo ministro de la Producción, Vinicio Alvarado, y Sandra Naranjo, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), analizaron el tema en Carondelet.

Fuentes internas de AP confirmaron a este Diario lo que ya se especificó en el Pleno: el proyecto de ley no contemplará los sectores estratégicos.

Fausto Cayambe, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), explicó que el Gobierno abre las puertas para que el sector privado y la inversión extranjera puedan participar, pero bajo las leyes que estipula el Estado.

Otro de los puntos que generó debate al interior de AP fue un posible riesgo de privatización. Cayambe explicó que uno de los acuerdos que permitió el consenso es que en las áreas de agua, seguridad social, educación y salud no podrá participar la empresa privada.

Mientras que en el Pleno el oficialismo también dejó en claro que los miembros del sector privado no participarán en el Comité Interinstitucional de APP, encargado de coordinar y delinear los lineamientos y políticas de este mecanismo.

Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico (en la que se trata el proyecto), indicó que el órgano regulador no puede tener a los regulados y que para la participación del sector privado existen otras instancias. Sin embargo, opositores como Patricio Donoso (Creo) considera que deben estar porque quienes asumen el riesgo son los empresarios.

Su colega de bancada, Luis Fernando Torres, indicó que el proyecto incluye varias inconsistencias jurídicas, entre ellas, la inclusión de temas que no tienen que ver con el texto
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Ayer, por ejemplo, Omar Juez (Alianza País), planteó la remisión de los intereses por mora patronal. Si el deudor paga el capital en los 90 días posteriores a la publicación de la ley en el Registro Oficial se le exonerará del 99% de los intereses. Entre el día 91 y el 150 la remisión será del 50%.

El legislador indicó que la mora patronal suma USD 502 millones, de los cuales 125 millones corresponden solo a intereses. 162 000 empresarios adeudan a 506 000 empleados y la mayoría de deudores y acreedores patronales están en Pichincha y Guayas.

Durante la sesión del Pleno también se hicieron otras propuestas. Soledad Buendía pidió que se reforme el último inciso del artículo 316 de la Ley de Compañías, sobre la posibilidad de expropiación, por parte del Estado, del capital de las firmas de economía mixta. “Es un importante mensaje de estabilidad jurídica”, dijo.

Además, pidió que se reforme la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria para que las partes y piezas de cocinas de inducción queden exoneradas del Impuesto a la Salida de Divisas y no las terminadas.

En contexto

Para hoy se tiene previsto continuar con el análisis del proyecto de ley en la Comisión de Desarrollo Económico para la redacción del informe para segundo debate, tomando en cuenta las observaciones realizadas. La siguiente semana se prevé el segundo debate.

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