Redacción Negocios
Bastó un halón de orejas del Presidente Rafael Correa para que el Directorio del Banco Central cambie las condiciones para invertir la reservas en la banca pública. La disposición del Ejecutivo contempla que el Central invierta USD 864 millones de la reserva monetaria en la banca pública, sin ningún tipo de garantías.
Así que ayer en cuestión de una hora los ministros del frente económico, que conforman el Directorio, acogieron esta orden. Esto pese a que el 18 de noviembre pasado, por unanimidad, ellos mismos acordaron que las entidades financieras entreguen garantías de hasta 100%.
En ese entonces, las autoridades del Gobierno creían que las garantías permitían proteger los recursos de municipios, gobiernos seccionales, universidades, etc., que están depositados en las cuentas del Gobierno y forman parte de la reserva monetaria.
La decisión que tomó el Directorio se basó en un informe de la ex gerenta, Karina Sáenz, quien recomendó que las garantías sean de hasta 125% del monto entregado a los bancos públicos, con el fin de tener una liquidez adecuada y atender las necesidades de efectivo de nuevos depositantes.
Entre ellos está el Seguro Social, que invertirá USD 300 millones en el Central, que pagará una tasa de interés del 3,5% por los depósitos a tres a ocho años plazo.
Asimismo, el Directorio había aprobado una metodología para medir el riesgo de los bancos estatales, lo cual fue plasmado en una nueva resolución, también aprobada por unanimidad. Sin embargo, estos estudios, que llevaron meses de trabajo según técnicos del Central, fueron enterrados ayer por el mismo Directorio.
Esas resoluciones se consideran ahora una traba en el proceso de transferencia de la reserva monetaria en el plazo fijado por el Presidente de la República.
Producto de lo anterior, el presidente del Directorio, Carlos Vallejo, también presentó su renuncia. El miércoles pasado lo hizo Sáenz y un grupo de 10 técnicos.
Vallejo dijo que estuvo de acuerdo con el Presidente en que no se exijan garantías por la inversión de la reserva, pero votó a favor de ellas. Por eso “asumo mi responsabilidad de no haber hecho el desembolso y por esto tengo la obligación de separarme… He entregado al Presidente mi renuncia para que pueda poner a otro y a otro equipo que pueda sacar adelante la institución”.
El ministro de la Política Económica, Diego Borja, asumió la presidencia del Directorio, de manera provisional y nombró a Cristian Ruiz como gerente (e).
Tras la reunión de ayer, Borja señaló que “no existe disposición legal de Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos para que el Banco Central pida garantías.
La ministra de la Producción, Natalie Cely, añadió que el informe que se les presentó días atrás no daba cuenta de todos los artículos constitucionales y de toda la regulación que da al Directorio total libertad para invertir.
Esto contradice lo señalado por Sáenz, quien en su renuncia señaló que el 11 de noviembre la Junta Bancaria emitió su pronunciamiento. Ahí se indicó que para el esquema de inversión doméstica del ahorro público que realizará el Central no se aplican límites en la Ley de Instituciones Financieras ni en las disposiciones constitucionales.
Por otra parte, Borja defendió la medida diciendo que la reserva que estaba invertida en bancos internacionales no tenía garantía, “entonces mal podría darse un trato injusto y diferenciado (a la banca pública)”.
Añadió que existe algún técnico “demasiado acucioso con la banca pública nacional y bastante laxo con la internacional”. Y responsabilizó a los mandos medios de mantenerse en la misma postura de hace 20 años.
Según explicó, parte de la reestructuración de la entidad es que salga la burocracia que renunció el miércoles pasado. “Lo ético sería que si renunciaron a una dirección renuncien al banco”.
Ningún Ministro explicó por qué aprobaron la resolución del 18 de noviembre pasado, en la cual se exigen garantías por la inversión de la reserva.