6 de December de 2009 00:00

Dos invasiones y una ocupación frenan varias obras en Guayaquil

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Redacción Guayaquil

Los directivos de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag)  hicieron su último pedido a la Gobernación y  a la Intendencia del Guayas. Ellos solicitan que se tomen acciones urgentes.

Plantean que, inmediatamente, se proceda  a la reubicación de un grupo de personas que ocupó un predio  situado junto a la autopista Terminal-Pascuales. En ese predio se ubica la principal estación de bombeo de esta zona. Por allí se evacuarán las aguas servidas generadas por  250 000 moradores de Los Vergeles, Bastión Popular y de varias cooperativas asentadas en  la vía a Daule.

“La presencia de estas personas impide que   sigan los trabajos definitivos para incrementar el tratamiento de aguas, cuyas operaciones están previstas iniciar el   17 de diciembre”, dice Andrés Mendoza, presidente de Ecapag.

La tubería de impulsión de la estación de bombeo está   lista para conectarse al sistema de tratamiento. Pero, según Mendoza, quienes ocupan los predios impiden que cuadrillas especializadas continúen los trabajos.

Se refiere a los miembros de la Cooperativa de Vivienda Las Palmeras 2, “fundada el 25 de julio de 1993 y con personería jurídica 7548”,   indica   un  letrero. En otro  se  cita al Registro Oficial 0914-2007 del gobierno de Rafael Correa. Son 180 socios.

Su presidente, Carlos Zambrano, sostiene que no son invasores. Cita   un amparo constitucional dictado por la Tercera Sala Constitucional, como su sustento legal para reclamar la posesión. Son 7 hectáreas con 1 172 m².

“Esto era la hacienda La Prosperina donde   teníamos nuestras plantaciones y ganado. Desde hace cuatro años, demandamos al Banco Ecuatoriano de la Vivienda ya que la  ficha catastral está a nombre de esa entidad”.

Zambrano recuerda que hace   menos de tres años fueron desalojados. Tras los amparos presentados, el 30 de abril de 2008, la Tercera Sala resolvió a su favor. Y con la orden de la entonces  intendenta de Policía, Fátima Campos,  regresaron con respaldo de  policías. Este no es el único caso de terrenos en disputa  y que incluso, su futuro, se  tramita  en el ámbito judicial. Pese a que aún el Juzgado Sexto de la Niñez no resuelve un recurso de protección planteado por la Corporación Agrícola Montubia Sol del Norte, el 25 de noviembre el Municipio de Guayaquil     tomó posesión de un terreno en la misma autopista.

En esas tierras, unas 180 ha, se construirán 10 000 viviendas como parte del plan habitacional Mucho Lote II. Lo que existen allí son arrozales por cosecha.
Gustavo Zúñiga, director de Aseo Municipal, comunicó a los agricultores que   estarán hasta el final de la cosecha, pero  que deben salir  hasta el 15 de enero. 

Miguel Morán, presidente de la Corporación, dice que este   hecho es un atropello más del Municipio, pues aún no está resuelto un recurso que está en trámite. “Estas   tierras trabajamos hace 20 años”.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio,  cuestionó a la  Gobernación y la Intendencia del Guayas por haber  requerido a la Policía  que otorgue “protección a las personas  han invadido los terrenos”.

El intendente Julio Quiñónez se defiende. Expresa que ante el pedido de los miembros de la Corporación se envió a realizar patrullajes en vista de que mediante un oficio pidieron un resguardo “para precautelar la tranquilidad y la seguridad ciudadana”.

Además, aclara que en el tema de las lagunas de oxidación que denuncia Ecapag sí han actuado: han realizado cuatro desalojos.

El caso Mucho Lote II

En el caso de  los terrenos de Mucho Lote II, el Municipio justifica su posesión en el trámite de expropiación por los que habrían pagado unos USD 3,5 millones. Sus documentos son certificados por el Registrador de la Propiedad.

En el área de  las lagunas de oxidación, la inversión de la obra alcanza los USD 45 millones. Unas 44 000 familias esperan conectarse a la nueva red de alcantarillado sanitario.

Directivos de  la Corporación Agrícola Montubia Sol del Norte denunciaron que a sus miembros no se les permite el ingreso a los arrozales  que están  a punto de cosechar.

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