Dos invasiones y una ocupación frenan varias obras en Guayaquil
Redacción Guayaquil
Los directivos de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag) hicieron su último pedido a la Gobernación y a la Intendencia del Guayas. Ellos solicitan que se tomen acciones urgentes.
Plantean que, inmediatamente, se proceda a la reubicación de un grupo de personas que ocupó un predio situado junto a la autopista Terminal-Pascuales. En ese predio se ubica la principal estación de bombeo de esta zona. Por allí se evacuarán las aguas servidas generadas por 250 000 moradores de Los Vergeles, Bastión Popular y de varias cooperativas asentadas en la vía a Daule.
“La presencia de estas personas impide que sigan los trabajos definitivos para incrementar el tratamiento de aguas, cuyas operaciones están previstas iniciar el 17 de diciembre”, dice Andrés Mendoza, presidente de Ecapag.
La tubería de impulsión de la estación de bombeo está lista para conectarse al sistema de tratamiento. Pero, según Mendoza, quienes ocupan los predios impiden que cuadrillas especializadas continúen los trabajos.
Se refiere a los miembros de la Cooperativa de Vivienda Las Palmeras 2, “fundada el 25 de julio de 1993 y con personería jurídica 7548”, indica un letrero. En otro se cita al Registro Oficial 0914-2007 del gobierno de Rafael Correa. Son 180 socios.
Su presidente, Carlos Zambrano, sostiene que no son invasores. Cita un amparo constitucional dictado por la Tercera Sala Constitucional, como su sustento legal para reclamar la posesión. Son 7 hectáreas con 1 172 m².
“Esto era la hacienda La Prosperina donde teníamos nuestras plantaciones y ganado. Desde hace cuatro años, demandamos al Banco Ecuatoriano de la Vivienda ya que la ficha catastral está a nombre de esa entidad”.
Zambrano recuerda que hace menos de tres años fueron desalojados. Tras los amparos presentados, el 30 de abril de 2008, la Tercera Sala resolvió a su favor. Y con la orden de la entonces intendenta de Policía, Fátima Campos, regresaron con respaldo de policías. Este no es el único caso de terrenos en disputa y que incluso, su futuro, se tramita en el ámbito judicial. Pese a que aún el Juzgado Sexto de la Niñez no resuelve un recurso de protección planteado por la Corporación Agrícola Montubia Sol del Norte, el 25 de noviembre el Municipio de Guayaquil tomó posesión de un terreno en la misma autopista.
En esas tierras, unas 180 ha, se construirán 10 000 viviendas como parte del plan habitacional Mucho Lote II. Lo que existen allí son arrozales por cosecha.
Gustavo Zúñiga, director de Aseo Municipal, comunicó a los agricultores que estarán hasta el final de la cosecha, pero que deben salir hasta el 15 de enero.
Miguel Morán, presidente de la Corporación, dice que este hecho es un atropello más del Municipio, pues aún no está resuelto un recurso que está en trámite. “Estas tierras trabajamos hace 20 años”.
Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, cuestionó a la Gobernación y la Intendencia del Guayas por haber requerido a la Policía que otorgue “protección a las personas han invadido los terrenos”.
El intendente Julio Quiñónez se defiende. Expresa que ante el pedido de los miembros de la Corporación se envió a realizar patrullajes en vista de que mediante un oficio pidieron un resguardo “para precautelar la tranquilidad y la seguridad ciudadana”.
Además, aclara que en el tema de las lagunas de oxidación que denuncia Ecapag sí han actuado: han realizado cuatro desalojos.
El caso Mucho Lote II
En el caso de los terrenos de Mucho Lote II, el Municipio justifica su posesión en el trámite de expropiación por los que habrían pagado unos USD 3,5 millones. Sus documentos son certificados por el Registrador de la Propiedad.
En el área de las lagunas de oxidación, la inversión de la obra alcanza los USD 45 millones. Unas 44 000 familias esperan conectarse a la nueva red de alcantarillado sanitario.
Directivos de la Corporación Agrícola Montubia Sol del Norte denunciaron que a sus miembros no se les permite el ingreso a los arrozales que están a punto de cosechar.