Tres empresas de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, serán intervenidas por sospecha de lavado de dinero. Foto: Archivo/ AFP
La Justicia argentina decidió hoy 30 de junio del 2017 intervenir tres empresas pertenecientes a la expresidenta y actual precandidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que son investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini ordenó que sean designados dos inspectores para fiscalizar la actividad de las empresas administradoras de los hoteles Hotesur, Valle Mitre e Idea. A las dos últimas, además, les aplicó una inhibición de sus bienes.
Según destacó el Centro de Información Judicial (CIJ),el magistrado determinó que los inspectores le reporten mensualmente cualquier cambio detectado en las empresas.
Los datos recogidos también serán presentados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo tributario de Argentina.
La exmandataria argentina y sus hijos, Máximo y Florencia, se encuentran imputados en la causa que Ercolini tiene a su cargo.
El juez sospecha que las compañías investigadas recibían pagos por supuestos alquileres de habitaciones -que no habrían sido ocupadas realmente- a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
El magistrado busca determinar si esos alquileres pagados a las sociedades propiedad de los Kirchner fueron, en realidad, sobornos para obtener beneficios en licitaciones de obra pública.
Báez era amigo del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los años de gobierno kirchnerista resultó favorecido en varios concursos para construir obras de infraestructura en el país.
El empresario se encuentra detenido desde abril de 2016 acusado de supuesto lavado de dinero.
Kirchner, en tanto,enfrenta un escenario judicial adverso, con varios procesamientos, acusaciones y una causa que fue elevada a juicio oral, aunque la fecha de inicio del proceso no fue determinada.
En diferentes ocasiones Kirchner aseguró que desde que abandonó el poder del país, en diciembre de 2015, es víctima de una “persecución judicial“. La exmandataria confirmó este sábado que competirá por una banca en el Senado argentino. Lo hará en la provincia de Buenos Aires como candidata de su nueva agrupación, Unidad Ciudadana.