5 de July de 2009 00:00

Interpol negó el pedido de captura a Juan Manuel Santos

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Agencia Reuters y Red. Judicial 

La Secretaría General de la Interpol, en Francia, negó ayer la solicitud de Ecuador para emitir una boleta de captura internacional contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos.

El telegrama oficial llegó a la Dirección Nacional de la Policía Judicial de Ecuador a las 15:00 de ayer. 24 horas después de que se hizo el pedido. El titular de la institución, Rafael Yépez, dijo que esa decisión es inapelable y que “la Policía la respetará”. 



Comisión de Angostura
De forma paralela al proceso judicial contra Santos, el Gobierno ecuatoriano creó una comisión para investigar los hechos que se dieron en torno al bombardeo del 1 de marzo.
La Comisión de Transparencia  informó que trató de acceder a la información oficial de Colombia, pero que la Cancillería dijo que mientras estén rotas las relaciones no colaborarían.
Francisco Huerta, coordinador de la Comisión que investiga Angostura, sostuvo que acudirán a fuentes informales para recopilar la información necesaria.
En agosto está previsto que la Comisión presente su informe final. Tendrá que esclarecer, entre otros temas, si el Gobierno tiene vínculos con las FARC.   Casi de forma paralela, el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Felipe Muñoz, aseguró que el organismo no encontró motivos para dar paso a la captura internacional de Santos.

Muñoz explicó que la Secretaría consideró que la solicitud violaba el artículo tres de los estatutos del organismo. Este  advierte que los mecanismos de cooperación policial no pueden ser usados para resolver temas políticos, militares o religiosos.

Santos es indagado en Ecuador por presuntamente ser quien planificó, coordinó y ordenó la ejecución del ataque al campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 1 de marzo de 2008, en Angostura, provincia de Sucumbíos. En ese operativo murieron 25 personas, entre ellas un ecuatoriano y el líder simbólico de las FARC: Raúl Reyes.

El juez primero Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, dictó orden de prisión en contra de Santos y la boleta de captura llegó a la Policía el jueves. La Dirección Nacional de la Policía Judicial de Ecuador solicitó que esa orden se haga internacional a través de la Interpol, pero con el anuncio de ayer, esta aspiración se frustró.

Esto significa que Santos solo podrá ser aprehendido si pisa suelo ecuatoriano. “Se envió una circular a todos los destacamentos del territorio ecuatoriano para que el personal cumpla con  la orden”, recordó Yépez. 

Pero la prisión podría revocarse si un juez superior al de Sucumbíos acepta la apelación que hizo el defensor público (ecuatoriano) que representa al ex Ministro colombiano en el proceso.   

Esta semana, la  decisión del juez Méndez y la reacción de Colombia reactivaron los enfrentamientos verbales entre los presidentes de Colombia  y Ecuador.

Ambos países  mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde marzo de 2008 a consecuencia del ataque.

Uribe acusó a la justicia de Ecuador de apoyar a la guerrilla y de intentar un golpe de Estado contra las instituciones democráticas de su país. 

Pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) condenar la que denominó “una pirueta de los auxiliadores del terrorismo”, de la misma forma en que reprochó el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. “Es tan grave el golpe de Estado de Honduras como el golpe de Estado en favor del terrorismo que se le quiere perpetrar a Colombia desde Ecuador”, afirmó el presidente Uribe.

“Se trata de  una patraña leguleya de un juez ecuatoriano que, estamos seguros, no tiene el aval del pueblo ecuatoriano”, insistió. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, de su lado respondió a su homólogo colombiano asegurando que el terrorismo tiene que entenderse como  “bombardear a los países amigos”. Correa ha calificado a la operación militar como del 1 de marzo como una masacre que violó la soberanía ecuatoriana.

El fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, también se pronunció y dijo que “no se puede tolerar la violación al principio básico de territorialidad”.

Aseguró que si el ecuatoriano que murió en el bombardeo era colaborador de las FARC, como lo señalan varios informes de Inteligencia colombianos y ecuatorianos, debía ser juzgado por las autoridades ecuatorianas  y de acuerdo a la Ley nacional. 

“Nosotros no podemos socapar intervenciones a nuestro territorio de fuerzas extranjeras. Sean estas regulares o irregulares”, dijo el Fiscal. “El territorio del Estado ecuatoriano se respeta”.

La orden de captura contra Santos y el pedido a la Interpol despertaron temores en Colombia, pues el ex funcionario podía ser capturado. Uribe ordenó adoptar medidas para protegerlo, como la prórroga de un pasaporte diplomático. También  creó un comité especial integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa, y por la Fiscalía General, para diseñar una estrategia de defensa de Santos.

“He pedido que se adelante, con toda la prisa que se pueda, el trámite de solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”.

Además, el Gobierno de Colombia mantiene en pie la idea de presentar ante el Tribunal de la Haya una demanda contra Ecuador, por supuestos vínculos de sus  funcionarios con la guerrilla colombiana. Uribe insistió en que  el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador fue un acto de lucha contra el terrorismo.

Pero su homólogo ecuatoriano sostuvo que “terrorismo es bombardear a los países amigos”. El Mandatario insistió: “Han dicho que la medida tomada por el juez es una agresión contra Colombia, pero agresión es tirar bombas a sus vecinos, no empezar procesos judiciales en el marco de la Ley”.

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