26 de enero de 2018 20:59

Entidades públicas plantean alternativas para evitar femicidios

El Departamento de Violencia Intra Familiar (Devif) realiza visitas rutinarias a las mujeres que podrían ser posibles víctimas de femicidio. El agente Ángel Loor habla con una ciudadana en Guayaquil, sobre el proceso legal que se mantiene en contra del ex

El Departamento de Violencia Intra Familiar (Devif) realiza visitas rutinarias a las mujeres que podrían ser posibles víctimas de femicidio. El agente Ángel Loor habla con una ciudadana en Guayaquil, sobre el proceso legal que se mantiene en contra del exconviviente agresor. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
(I)

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La Policía Nacional promueve una estrategia para reducir el índice de femicidios en este año 2018. Según la institución, en 2017 a escala nacional hubo un incremento de 37 casos más de este tipo en relación al 2016.

La Policía en conjunto con los ministerios del Interior y de Justicia trabaja en un sistema de alertas tempranas para evitar nuevas muertes. “Hay un listado de las posibles víctimas de femicidio y cada cierto tiempo se hace una visita y se elabora un informe sobre la situación”, explicó Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía.

Pidió colaboración para que los uniformados puedan realizar el control. En ocasiones las mujeres que son maltratadas no reciben la visita porque tienen dependencia económica con el agresor.

Susana (nombre protegido) es una madre de familia de 46 años de edad quien vive sola en su vivienda ubicada en el Suburbio de Guayaquil, en el suroeste de la urbe. Luego de separarse del padre de sus hijas tuvo una pareja que había conocido en el sector. La relación no duró más de seis meses pero él nunca aceptó la ruptura entre ambos.

Cuando todavía estaban juntos, ella tenía un local comercial en el centro. Su entonces conviviente iba al lugar y la golpeaba por celos. “Cuando llegaba a la casa tenía que ver cómo entraba porque él me quitaba la plata, me pegaba”, relató la mujer.

Ella conoció a una nueva persona con quien se casó. El agresor tenía grescas con el nuevo compañero sentimental de Susana y esto ocasionó el divorcio de la pareja. La violencia continuaba e incluso sus hijas tuvieron que ir a vivir con otros familiares por seguridad.


La Policía instaló un botón de pánico para que Susana pueda advertirles que se encontraba en peligro. En la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) son en total 41 beneficiadas del programa de alertas tempranas.

Esta es una de las opciones para proteger la integridad de mujeres que sufren maltrato físico en la ciudad. El Cabildo también implementó una estrategia desde noviembre pasado denominada Amiga, ya no estás sola.

Cuando ocurren actos de violencia, las víctimas pueden denunciar el caso gratuitamente a la línea telefónica
1800 – 112 – 112
que maneja la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). Dallyana Passailaigue, coordinadora ad honorem del programa, considera que la denuncia es la única alternativa.

“Nuestra campaña quiere crear conciencia en las mujeres de que la violencia puede matar pero el silencio también. Entonces animamos a denunciar”, dijo.

La línea de la CSCG es informativa. Operadores explican a la víctima cómo denunciar, a dónde puede acudir y qué medidas legales de protección puede solicitar en su favor. Si son casos de emergencia, la Corporación deriva el caso al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

Hasta el 15 enero se registró un total de 552 llamadas de las cuales, 286 corresponden a Guayaquil y el resto son de otras ciudades y provincias. Cinco llamadas fueron sobre situaciones de emergencia por violencia.

Passailaigue informó que se creará una unidad de asesoramiento legal a las víctimas en el Municipio que contará con una trabajadora social, dos abogados y un gestor de proyectos. Está previsto que empiece a funcionar en febrero.

Adicionalmente se creará un sistema informático para llevar una estadística de los casos. También se prevé que mediante un convenio con una casa de acogida privada se pueda recibir a víctimas en situación de riesgo.

El pasado 19 de enero un agente del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) hizo una visita rutinaria a Susana. El gendarme le informó cómo avanza el proceso legal en contra de su agresor, quien está detenido por desacatar una boleta de auxilio en su contra.

Se lo investiga por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por el que podría ser sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años, según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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