A pocos días del fin de campaña, la agresión sufrida por César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional Democrática (oposición), en las afueras de la sabatina presidencial, empañan un proceso donde el aparato oficial se volcó inequitativamente. A la vez, llegan resoluciones tardías e insólitas del CNE, una autoridad electoral desbordada y cuya imparcialidad ha quedado cuestionada.
Durante toda la campaña no solamente el sujeto político presidencial, su movimiento y maquinaria electoral, Alianza País, sino funcionarios de alto rango y empleados públicos se empeñaron en una campaña que mostró inequidad, ya que los actores políticos opuestos a la tesis oficial no contaron con esos recursos ni dispusieron del despliegue de medios de comunicación gobiernistas en la proporción de los actores oficiales. Además, estos, y no solo el Presidente y su Gabinete sino autoridades municipales y provinciales descuidaron sus tareas específicas por dedicarse al proselitismo.
La autoridad electoral, impotente o complaciente, apenas emitió un comunicado prohibiendo las cadenas oficiales desde hoy. La tardía prohibición de tocar el tema político en la sabatina fue desoída por el Presidente. Además, una confusa disposición del CNE intenta prohibir la publicación de información desde el jueves hasta el sábado 7 de mayo a medianoche. Se vulneraría así la libertad de información y los resultados de la consulta y de encuestas ‘exit poll’ podrían ser vedados al público. Sería inaceptable.
El lenguaje de violencia verbal desembocó en una nueva agresión física, esta vez contra el asambleísta César Montúfar que pedía debatir con el Presidente el contenido de las preguntas y recibió un fuerte golpe de un partidario del Gobierno. Este no es un clima democrático.