15 de December de 2010 00:00

Inseguridad pública

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Sebastián Mantilla Baca

El problema de la inseguridad pública está a punto de desbordarse en el Ecuador. Las cifras muestran un repunte alarmante de las actividades delictivas. Por poner un ejemplo, de enero a octubre del presente año se registraron 1514 asesinatos, equivalentes a 151,4 por mes o cinco por día.

Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Rafael Correa, así como las reformas legales introducidas, han sido un fracaso. Con un presupuesto de USD320 millones, hace tres años se puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este plan ponía énfasis en áreas de comunicaciones, medios logísticos, investigación forense, policía comunitaria y bienestar social de la Policía Nacional. Sin embargo, la estrategia no ha funcionado.

En cuanto a las reformas legales, embebidas por la novelería de incorporar criterios de avanzada en la nueva Constitución, limitaron la participación de Fuerzas Armadas a actividades estrictamente relacionadas con la defensa nacional. Con inmensa irresponsabilidad, los genios de la “revolución ciudadana” aprobaron la libre circulación de personas. Eliminaron la exigencia de visa a ciudadanos de todos los países, dejando libre el camino para la proliferación de actividades ilícitas transnacionales como el narcotráfico, sicariato, trata y tráfico de personas, lavado, comercio ilegal de armas, entre otras.

Como si fuera poco, no solo que eliminaron la acumulación de penas sino que aplicaron la rebaja del 2x1 por buen comportamiento (así salió en libertad el narcotraficante César Fernández, ex gobernador de Manabí, junto a otros 164 delincuentes), reformaron el Código Penal y cambiaron la concepción de ciertos delitos a infracciones, incorporaron el indulto de presos sin sentencia y de aquellos que no hayan sido juzgados en un plazo mayor de un año y, para rematar, Correa suspendió en junio del 2009 la emisión de permisos de porte y tenencia de armas.

Siguiendo la lógica de no asumir la responsabilidad sino culpar a los otros de sus propios errores, el presidente ha dicho que el problema es de la justicia. La culpa no solo es de la justicia, la Fiscalía y la Policía. El principal responsable de la situación de inseguridad que vive el país es el actual Gobierno. Como he dicho antes, tanto el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como las reformas hechas por el actual Régimen han sido ineficaces para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Entre lo poco rescatable está la creación de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAT), que desarticuló recién la red de narcotráfico que operaba en La Mariscal.

En un contexto de creciente inseguridad pública se anuncian cambios constitucionales. Reformas si, pero también políticas de Gobierno eficaces.

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