12 de junio de 2017 18:52

Piden levantar inmunidad a presidente de Guatemala por muerte de 41 niñas

Morales reconoció en una entrevista televisiva que las menores estaban encerradas bajo llave y que él tenía conocimiento de ello. Foto: AFP

Morales reconoció en una entrevista televisiva que las menores estaban encerradas bajo llave y que él tenía conocimiento de ello. Foto: AFP

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Agencia EFE

La Fiscalía confirmó hoy, 12 de junio de 2017, que se trasladará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por la muerte de 41 niñas en un centro estatal.

La denuncia fue presentada el pasado 14 de marzo por 2 diputados opositores al Ministerio Público (MP-Fiscalía), que le dará trámite hacia la CSJ para ver si hay alguna responsabilidad del presidente en el incendio que el 8 de marzo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, según confirmó la secretaría general de la Fiscalía, Mayra Véliz, a periodistas.

Según los diputados denunciantes, Sandra Morán y Leocadio Juracán, de Convergencia de Guatemala (oposición), el mandatario habría incurrido en los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá analizar el expediente y decidir si existen suficientes elementos de prueba en contra de Morales para luego darle trámite y enviar el expediente al Congreso, el que decidirá finalmente si se le levanta o no la inmunidad al mandatario.

Posterior al incendio, el jefe de Estado reconoció en una entrevista televisiva que las menores estaban encerradas bajo llave y que él tenía conocimiento de ello.

El anuncio del trasladado de la denuncia lo hizo Véliz al dar a conocer la detención de otros tres funcionarios y dos policías por tener supuestamente responsabilidad en la muerte de las menores.

Los detenidos son Brenda Chaman Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, donde ocurrió el siniestro.

A ella se le acusa de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
También fueron arrestados por los mismos delitos Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), y Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Por parte de la Policía fueron capturados Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la PNC, acusado de "abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad", y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora, sindicada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad.

Los cinco, que hoy escucharon los motivos de su detención, fueron enviados a prisión preventiva al cuartel militar que funciona en la prisión Mariscal Zavala, en la periferia de la capital, al menos hasta que se celebre la audiencia de primera declaración, el próximo martes 13.

Por la muerte de las 41 menores ya están en prisión y procesados el exsecretario de la SBS Carlos Antonio Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keler Zabala y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres.

Los tres fueron procesados por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.

La secretaria del MP aseguró que los cinco detenidos este lunes estuvieron presentes el 7 y el 8 de marzo en las afueras del centro y "nadie tomó las medidas" para prevenir el hecho sino que dejaron en manos de la Policía el control.

Según las investigaciones de la Fiscalía, las llaves de donde estaban encerradas las menores las tenía Marroquín Carrillo y nunca abrió las puertas para que las menores pudieran salir.

"La persona que tuvo la llave estuvo frente al salón, vio que las niñas se quemaban y no abrió la puerta", enfatizó.

Véliz dijo también que en el hogar no existían menores en conflicto con la ley, sino que estaban por violencia sexual, física, trata de personas con fines de explotación sexual y adopciones irregulares, entre otros.

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