Según Hernández, la muerte civil está ya establecida en el Código Integral Penal. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El exlegislador y exconsejero presidencial, Virgilio Hernández, presentó un recurso ante la Corte Constitucional (CC), en contra de tres de las cinco preguntas del referendo constitucional planteado por el Ejecutivo, la mañana de este martes 24 de octubre del 2017.
Lo hizo a nombre del Colectivo PAIZ, uno de los comité de la revolución ciudadana del oficialismo.
En su amicus curiae argumentó por qué los magistrados no deberían aceptar las preguntas sobre la muerte civil en casos de corrupción, el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la eliminación de la reelección indefinida.
Según Hernández, la muerte civil está ya establecida en el Código Integral Penal. Y se busca agregar una sanción de por vida con la pérdida de derechos políticos, como el de votación, que es obligatorio en el país.
“Pretende una doble sanción y es absolutamente desproporcional”, que –según el exconsejero presidencial- estaría en contra del Pacto Interamericano de Derechos Humanos.
Sobre el Consejo dijo que se está atentando contra la estructura del Estado. Que terminar sus funciones y reemplazarlo por un organismo de transición es inconstitucional y que este nuevo ente se estaría arrogando funciones.
Y sobre la reelección pidió que la CC se ratifique en su dictamen de octubre de 2014, que permitió la postulación indefinida y por ende la reelección. Manifestó que se “menosprecia” al pueblo porque, en ese año, el 70% de quienes fueron a la reelección no ganaron.
El jueves, Hernández presentará otro amicus curiae, pero para la propuesta de consulta popular, a la pregunta sobre la derogación de la Ley de Plusvalía, en la que -asegura- se regula sobre la prohibición constitucional de especulación con la tierra. Y que al eliminarla se dejaría un vacío legal.
Tema ambiental
Varias organizaciones sociales y ambientalistas, entre ellas Acción Ecológica, Cedhu y Cedenma, presentaron también otros dos amicus curiae sobre la pregunta del referendo que trata sobre la minería metálica.
Su abogado, Fred Larreátegui, indicó que aunque “es un pequeño avance” excluir la minería metálica de las zonas protegidas, el planteamiento no es suficiente para proteger otros ecosistemas que tiene protección constitucional, como los páramos, bosques nublados y bosques secos.
Esto implica que, si el Estado decide realizar otro tipo de extractivismo o explotación no minera en esas zonas, podría fácilmente pedir a la Asamblea la declaratoria de interés nacional y llevar a cabo el proyecto. Lo que buscan es que no exista una discrecionalidad en la protección de la naturaleza y que se abarquen otros espacios.