16 de julio del 2016 00:00

La gente se adapta a las réplicas e intenta levantar lo que perdió

Los ciudadanos que viven en casas no afectadas por el sismo están preocupados por la demolición de edificios como el Costa Mar, en Bahía. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Los ciudadanos que viven en casas no afectadas por el sismo están preocupados por la demolición de edificios como el Costa Mar, en Bahía. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Mariela Rosero
(I) 
Coordinadora Sociedad

No es una fecha para recordar. No quisieran tenerla presente. Pero las grietas y las pérdidas que dejó el terremoto del 16 de abril son las evidencias de que las cosas cambiaron en Esmeraldas y Manabí. Pese a ello, tres meses después, la gente ha aprendido a vivir con el sobresalto que causan las réplicas. Y se ha adaptado a las nuevas condiciones.

En el barrio Santa Rosa de Muisne, Guido Briones, de 59 años, tiene una rutina semanal: dar una vuelta por lo que fue su casa, una construcción de madera y cemento de 50 años, comprada hace 25. Cuida unos tablones y una hamaca que quedaron. Tiene cinco nietos, de 3 a 9 años. Por ellos, sueña con levantar la propiedad.

Se ha inscrito para recibir los bonos de reconstrucción, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Aunque no sabe si cumple con los requisitos. Hasta ahora, según datos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, se han entregado 8 801 bonos,
4 077 para reparaciones.

También en esta isla de Esmeraldas, en el barrio San Pablo, vive Karina Cheme. La mujer, de 33 años, se ha habituado a compartir espacio con la familia de su hermano.

Sus tres hijos -de 11, 13 y 16 años- extrañan su lugar propio de un piso, hecho de hormigón, que se vino abajo en abril. El esposo, en su triciclo, consigue alimentos. No hacen planes, superan el día a día.

La situación de Muisne es compleja. Hay un grupo de ciudadanos que se niega a la opción de dejar la ciudad por ser considerada un lugar de riesgo.

Mucho más lejos, en Pedernales, Manabí, epicentro del sismo de 7.8 en la escala de Ritcher, ya la empresa privada ofrece viviendas sismorresistentes. El mensaje en mayúsculas se lee en una carpa, en el parque central.

Vendedores tratan de dejar atrás Tarqui, en Manta. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Vendedores tratan de dejar atrás Tarqui, en Manta. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Un representante de Mutualista Pichincha contó a este Diario que hasta el fin de semana tendrían lista una casa modelo. Una de 36 m², de dos dormitorios y un baño, se puede comprar por cuotas de USD 150 al mes durante 10 años y una pequeña entrada. Pero hay opciones de hasta 100 m².

En el centro se ven más detalles que hacen pensar en la idea de reconstrucción: “La iglesia María Auxiliadora se levanta gracias al apoyo de Tía”, se lee. Aunque no se observa a trabajadores, sí se ven comerciantes que colocaron sus productos en veredas con grietas.

Sin embargo, no todo es optimismo tres meses después de la tragedia. La quiteña Ximena Pazmiño se ubica en una silleta plástica cerca de lo único que dejó el terremoto: la piscina del Hotel Royal, que tuvo 33 habitaciones, en cinco pisos más una terraza. Su meta es terminar el cerramiento que podría permitir cobrar entrada.

Las ganancias de este hotel, que se mantuvo activo durante casi nueve años, se invirtieron en esa y otras infraestructuras, con las que esperaban tener salida a la playa, contó Pazmiño. Recuerda que fue construido con un crédito de la CFN, hoy le parece que hay exigencias que no podría cumplir para acceder a recursos de BanEcua­dor. Además, esperará por nuevas ordenanzas.

Otros ciudadanos decidieron no esperar más y reparar su propiedad. Marco Cedeño miraba desde la vereda de en frente el trabajo de mejoras de su casita, de 30 años, esta semana. No buscó el bono del Miduvi para evitar trámites.

Pedernales tiene empuje. Tengo 51 años y vine de niño”, comenta, señalando a varios albañiles en plena labor. ¿Las réplicas le atemorizan? “No, a menos de que se parta la tierra ya no hay edificios que puedan caernos encima”.

Guido Briones cuida lo que quedó de su casa en Muisne. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Guido Briones cuida lo que quedó de su casa en Muisne. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La historia es muy diferente en otros lugares, como el ­malecón de Bahía de Caráquez. Allí, con el dolor de quien despide a un conocido, la gente miraba el derrocamiento de uno de los edificios declarado inseguro, Costa Mar, de ocho pisos.

Los golpes de una excavadora martillo sobre la estructura dificultaban cualquier charla.

Martha Navarrete lleva 20 de sus 38 años en Bahía. Siente que a tres meses del terremoto están en la etapa de adaptación. Pero teme que escombros caigan sobre ella. Máquinas como esa se observan en zonas cero de Manta.

Ella aseguraba no tener otro lugar para refugiarse. En estos meses, el número de personas en albergues se ha reducido. Por ejemplo, en el exaeropuerto de Portoviejo se acoge a 881 personas, en mayo eran más de 1 000. La rutina ha cambiado, ya no hay voluntarios, ahora los usuarios tienen la tarea de preparar alimentos.

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