26 de julio de 2015 20:49

Informe patrimonial de legisladores, pendiente

La oposición buscó que la Asamblea condene el espionaje cibernético. La solicitud no fue acogida por el oficialismo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
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Paúl Zamora

Las denuncias de corrupción al interior de Alianza País (AP), que fueron reveladas por el Presidente el 24 de mayo, hicieron que la Asamblea emprendiera una campaña para transparentar las cuentas de los legisladores.

Entonces, la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, acudió donde el contralor Carlos Pólit para solicitarle una investigación exhaustiva del patrimonio de los 137 asambleístas.

El Contralor dijo que de inmediato se conformarían equipos, que se solicitaría la información a las instituciones bancarias y entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas o el Registro de la Propiedad… y que los informes estarían listos en 40 días.


La Fiscalía General del Estado ofreció, por su parte, una profunda investigación sobre la denuncia de corrupción contra la legisladora de AP por Esmeraldas, Esperanza G.


Han pasado 62 días desde que se denunció el caso y ninguna de las dos instituciones ha presentado un informe.
¿Qué sucedió? Dentro de Contraloría existe un retraso en la entrega de información por parte de las instituciones con las que se sebe realizar el cruce de información, así como de los legisladores. 


Por ejemplo, existen casos en que para entregar la notificación que da inicio a la auditoría, los funcionarios de Contraloría tuvieron que ir hasta por cinco ocasiones para encontrar al legislador.

A esto se suma que un examen regular de cuentas se demora, en promedio, entre ocho meses y un año. 
Sobre las investigaciones, el fiscal Galo Chiriboga dijo que están avanzando. Explicó que solicitaron a la Corte Nacional que les autorice allanar las instalaciones de una de las oficinas de la empresa contratista involucrada en la denuncia de corrupción. “Hemos obtenido documentos y computadores que están siendo analizados”.


Mientras dura esta investigación, Pablo de la Torre, alterno de Esperanza G, acude a las sesiones de la Asamblea. 
Más allá de las instituciones públicas están organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el Observatorio Legislativo ha emprendido campañas para transparentar la labor de los asambleístas.

Desde el 2012, solicita a los funcionarios hacer público su patrimonio como un “acto de honestidad política”. 
Marcelo Espinel, su director, dijo que las autoridades y las instituciones públicas están “ocultando información”. Ellos han solicitado tanto a la Asamblea como a la Contraloría que se les facilite las declaraciones patrimoniales de los 137 asambleístas. En el primer caso no han tenido una respuesta y Contraloría les ha negado dicha información con el argumento de que es confidencial.


También realizaron una convocatoria para que los funcionarios publiquen sus patrimonios. A esta invitación respondieron 23 asambleístas que corresponden al 17% de las autoridades. De este grupo, ocho son de Alianza País y 15 de otras fuerzas políticas. “Los asambleístas aún tienen miedo a la transparencia” es la conclusión de Espinel. 
Juan Carlos Cassinelli (AP) no tuvo problema en publicar su declaración de bienes. Asegura que su patrimonio es público y que forma parte de la transparencia de los funcionarios. Su colega Alexandra Ocles no lo ha hecho aún por “descuido”. 


Ratifica que el oficialismo está abierto a transparentar sus acciones y que esperarán a que la Contraloría emita un informe.
Otra respuesta pendiente es la petición del asambleísta Wilson Chicaiza (Creo). Él solicitó a Rivadeneira que exija a los asambleístas publicar en sus blogs las declaraciones juramentadas de los bienes, con el objetivo de que los ciudadanos hagan su propio análisis y obtengan sus conclusiones.

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