6 de junio de 2018 00:00

Informe desclasificado muestra pistas sobre el crimen de Jorge Gabela

Patricia Ochoa de Gabela espera que el nuevo Fiscal pida pericias internacionales. Foto: Mario Faustos /  EL COMERCIO

Patricia Ochoa de Gabela espera que el nuevo Fiscal pida pericias internacionales. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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El caso del asesinato del general Jorge Gabela podría suma más información. La conclusión de un segundo informe de investigación señala que el móvil tendería a mostrar que “sería consecuencia de la delincuencia organizada”.

Esta conclusión está incluida en el informe de la ‘Consultoría para la prestación de servicios profesionales especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno’. Tiene fecha 11 de abril del 2013 y estuvo a cargo del perito argentino Roberto Meza, de Consultora Pericial, contratado por el Ministerio de Justicia para este trabajo.

Esa conclusión es distinta a la versión de que el asesinato de Gabela fue “delito común” y que supuestamente no estuvo relacionado con las denuncias que hizo el excomandante de la FAE sobre la compra de siete helicópteros Dhruv a una empresa de India.

En febrero del 2015, la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, exhibió un supuesto informe con las conclusiones del caso Gabela. Eran cuatro páginas, con el membrete de Consultora Pericial, en el que se señaló que los disparos contra el general fueron de delincuencia común. Pero el perito Meza ha desmentido ese documento y ha hablado de la posibilidad de regresar al país para aclarar sus investigaciones.

El 19 de diciembre del 2010, Gabela fue baleado en el lobby de su domicilio, en la vía Samborondón. Diez días después falleció tras dos operaciones.

Durante siete años su familia ha luchado por demostrar que se trató de un crimen organizado para acallar sus denuncias de supuesta corrupción en la compra de las naves militares.

Patricia Ochoa de Gabela señala que con ese segundo informe “se descubre que no es delincuencia común”, como fue la versión que se entregó en el Gobierno anterior.

El art. 369 del Código Penal establece como delincuencia organizada a la persona que mediante acuerdo o concertación conforme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando, dirección o planifiquen actividades delictivas.

Serán sancionadas con pena privativa de libertad de siete a diez años y los colaboradores entre cinco o siete años.

Según Ochoa, el segundo informe deja en claro que existe un tercer informe de investigación que contendría los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato.

“Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para arribar a conclusiones categóricas”. Eso dice el documento, cuya reserva la levantó el juez de Tránsito Jorge Romero, el 28 de mayo del 2018.

Pero ese tercer informe “está desaparecido” hace años. No entiende por qué hay acta de entrega recepción, pero no aparece el informe final del caso. Por eso dice que está “desconcertada” con el anunció el presidente Lenín Moreno de desclasificar la información del crimen. “Si no existe el tercer producto, no sé qué va a desclasificar”. Hasta el cierre de la edición no se había comunicado con algún funcionario para conocer detalles.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, ratificó ayer la decisión de Moreno de desclasificar la información de los casos Balda y Gabela. Dijo que las personas afectadas podrán pedir al Ejecutivo la liberación de los documentos. Y que será la justicia la que definirá qué hacer con esos temas. Además, que la información desclasificada no se entregará sino que los interesados deben solicitarla.

La viuda del general dice que ha perdido la fe en los políticos. Guarda la esperanza de que el nuevo fiscal general, Paúl Pérez, investigue la verdad y solicite pericias internacionales.

El 29 de mayo le envió una carta a Moreno señalando que 22 personas que integraron el comité institucional, creado vía decreto por Rafael Correa para el caso, tuvo un proceder “viciado”, pero forman parte de su gobierno.

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