Rafael Uzcátegui y Juderkis Aguilar, miembros de Provea, están en Quito para presentar el Informe Anual 2015 sobre Derechos Humanos en Venezuela. Foto: EL COMERCIO
A la exclusión política característica en los años de Hugo Chávez se suma una situación de exclusión social en Venezuela. Así lo aseguró Rafael Uzcátegui, coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que este viernes 10 de junio del 2016 presentará en Quito el Informe Anual 2015 sobre la situación de los derechos fundamentales en el país caribeño.
“Lamentablemente, muchos de los avances en materia de derechos humanos que se lograron en los gobiernos de Chávez, en los últimos años han ido desapareciendo. Por ejemplo, hoy tenemos unas cifras de personas pobres en Venezuela superior a las que teníamos en el 2000, es decir que todos los esfuerzos que se hicieron para reducir la pobreza durante el gobierno de Hugo Chávez han desaparecido”, señaló Uzcátegui, en entrevista con EL COMERCIO.
Uzcátegui resalta que no hay cifras oficiales de la pobreza desde el 2013. Pero asegura que en la medición de ese año, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, ya se alertaba que 450 000 familias habían ingresado al lumbral de la exclusión y que la curva de crecimiento de la pobreza ha aumentado actualmente por la crisis económica. “Hay un estudio de las principales universidades de Venezuela que sugiere que 24 millones de personas, en Venezuela, están en el lumbral de la exclusión”.
Este Informe Anual es, a criterio del coordinador de Provea, “uno de los más preocupantes. Antes de este, nosotros pensábamos que los primeros informes, posterior a la situación de conmoción social que se recuerda como el ‘Caracazo’ (1989), eran los más alarmantes; pero ahora tenemos indicadores igual de preocupantes como lo de aquellos años, con mucha mayor intensidad”.
En el documento reza: “Las campañas de estigmatización promovidas desde el Gobierno y los ataques contra defensores de derechos humanos, y en particular Provea, siguieron siendo una constante. Con la puesta en marcha del enominado ‘Operativo de Liberación del Pueblo’ (OLP), las detenciones masivas e indiscriminadas se han incrementado. El juzgamiento de civiles por tribunales militares, en total violación de los estándares internacionales que prohíben esta práctica, siguieron registrándose en el 2015″.
“Los procesos judiciales y condenas de opositores políticos y sociales igualmente siguieron siendo una práctica habitual. La ausencia de investigaciones serías y genuinas y de enjuiciamiento y condenas de agentes estatales por violaciones a los derechos humanos fue una constante durante el año 2015″.
El documento, de 99 páginas con datos de enero a diciembre del 2015, coteja las cifras oficiales con estudios de la academia, investigadores y organizaciones de derechos humanos.
La presentación de mañana está prevista para las 10:30 en el hotel Embassy, en la calle Wilson E8-22 y avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito.