4 de enero de 2018 00:00

Informe previo de la Contraloría General del Estado vuelve a debate

La Asamblea aprobó proyecto de Ley económico urgente el miércoles. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En la Legislatura reposan cuatro pedidos, que aún son analizados dentro de la Comisión de Justicia. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Los pedidos para eliminar el informe previo de la Contraloría como requisito para que Fiscalía procese a los responsables de peculado y enriquecimiento ilícito no son nuevos.

En el 2016, cuando estalló el caso de corrupción en Petroecuador, ya hubo planteamientos similares.

Desde entonces, en la Legislatura reposan cuatro pedidos, que aún son analizados dentro de la Comisión de Justicia.

El defensor público, Ernesto Pazmiño, fue el primero en criticar esa figura legal. En junio del 2016 envió al Legislativo un paquete de reformas al Código Integral Penal (COIP).

Una de sus solicitudes fue que se derogase la última parte del artículo 581, en donde se habla del informe previo.

El texto dice que sin ese documento de Contraloría, la Fiscalía no puede procesar a los responsables de esos delitos.

Pazmiño calificó a esa norma como “un candado que impide una lucha efectiva” contra los actos de corrupción, “más aún cuando quienes denuncian terminan siendo perseguidos”.

Cristina Reyes, asambleísta del PSC, presentó un segundo pedido para reformar esa figura. El 29 de agosto del 2016 entregó formalmente, a la presidenta de la Asamblea Nacional de ese momento, Gabriela Rivadeneira, un paquete de reformas al COIP.

En ese documento de nueve páginas, la legisladora dice que es “urgente” corregir el “invento” del informe de la Contraloría, que se incluyó en el 2014.

“Esta disposición es absolutamente inconstitucional, ya que el único órgano que debe investigar delitos es la Fiscalía”, dice la asambleísta en el documento entregado.

La primera vez que se puso en vigencia la necesidad de este documento fue el 19 de marzo del 2010, luego de una resolución de la Corte Nacional. Cuatro años después, esa figura fue incluida en la ley penal.

En septiembre del 2016, la propuesta de Reyes fue admitida por el Consejo de Administración Legislativa y enviada a Mauro Andino, quien en ese entonces presidía la Comisión de Justicia de la Asamblea.

En su petición, Reyes mencionó que en ese año se habían revelado actos de corrupción como una red de coimas integrada por gerentes de Petroecuador, que operaba en la Refinería de Esmeraldas. Y aseguró que por eso la Asamblea debía dar una respuesta desde al ámbito legal, para que esos delitos sean sancionados.

De hecho, la red ilegal que se tejió al interior de la estatal petrolera involucró, por ejemplo, a dos exgerentes: Marco Calvopiña y Alex Bravo; y al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.

El 3 de enero del 2018, Reyes confirmó que recién en octubre del 2017 se retomó en esa Comisión legislativa el debate sobre esa figura.

Para ese momento ya había explotado el caso Odebrecht, en el que está vinculado el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Pólit, entre otros.

Tras estallar el escándalo, la asambleísta Encarnación Duchi, de Pachakutik, se sumó a los pedidos de reformas. El 11 de julio del año pasado entregó su solicitud para derogar la norma penal vigente.

En su propuesta, Duchi asegura que el informe de la Contraloría “lo único que hace es dilatar el proceso sancionador, dando oportunidad para que los funcionarios públicos vinculados a estos hechos (peculado y enriquecimiento ilícito) puedan escapar de la justicia”.

La última petición de cambios la hizo el fiscal Carlos Baca, el 20 de diciembre pasado. En un debate público, en la Comisión de Justicia, calificó la norma de “limitante” para el trabajo de los fiscales.

Ahora, los cuatro esperan que sus textos sean aprobados.
Para el asambleísta Luis Fernando Torres, la solución no es eliminar el informe.

Él aboga por “llegar a un punto medio”. Dice que permitir que la Fiscalía investigue esos casos de corrupción sin la intervención de la Contraloría sería “perjudicial porque se podría perseguir a políticos, como se lo hizo antes”.

La primera presentación se remonta al 6 de junio del 2016

06/06/2016
Ernesto Pazmiño
Defensor Público


El informe de Contraloría demora muchos años y puede convertirse en un hecho político. Mi propuesta es que la Fiscalía inicie una investigación previa o una instrucción fiscal por peculado o enriquecimiento ilícito sin que se considere como requisito previo el informe con indicios de responsabilidad penal. Pero también creo que una opción puede ser que se solicite ese informe más adelante, en la audiencia preparatoria de juicio.

29/08/2016
Cristina Reyes
Asambleísta del PSC


A mediados del 2016 presenté un pedido de reformas al COIP, un año y medio después me llamaron para que exponga en la Comisión de Justicia y recién a finales del 2017 se empieza a dar trámite. Ese informe representa un doble esfuerzo para la Fiscalía y solo debería ser un insumo del expediente como un instrumento informativo de índole financiero-contable y por lo tanto sometido a contraste con otros indicios.

11/07/2017
Encarnación Duchi
Asambleísta Pachakutik


En el 2014, extrañamente, hicieron la excepción de que para el peculado y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía requiera del informe previo. Creo que todos los delitos contra la administración pública, como el cohecho o tráfico de influencias, deben tener el mismo tratamiento. No hay ninguna explicación judicial de por qué se excluyó al peculado y al enriquecimiento ilícito. Es por eso que han quedado ahí tantas indagaciones.

20/12/2017
Carlos Baca
Fiscal General

No debe exigir el informe previo de la Contraloría, porque corremos un riesgo doble: de que a la Fiscalía le den algo mal hecho a propósito, para que los casos se caigan y después a la Fiscalía la acusen de amparar la corrupción, o que simplemente no le den el informe. Tenemos muchísimos casos donde la Contraloría era capaz de encontrar la pulga en la pata del ratón y en otros, donde no era capaz de ver el elefante.

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