5 de January de 2010 00:00

Sobre el informe de la Comisión Angostura

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Catalina Campo I.

1. En la edición del  20 de diciembre de 2009, pág. 6, al referirse al Encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en Quito, del 22 al 27 de febrero de 2008, en base al Informe de la Comisión del caso Angostura, se dice: “Según la versión de un miembro de la Coordinadora, la esposa de Chauvín, Catalina Campos, se encargaba de la logística”.
2. No he realizado con anterioridad una precisión porque hasta entonces no había leído el Informe de la Comisión, pero una vez que lo he revisado me permito hacer muy contadas puntualizaciones:
a) Si alguien suponía que la compareciente había desempeñado alguna responsabilidad ¿por qué no se me llamó a declarar ante  la  Comisión? Yo hubiese concurrido sin  problema porque no tengo nada que ocultar y ninguna actividad, ni ahora ni nunca, he realizado al margen de las normas legales.
¿Dónde queda la presunción de inocencia garantizada en el art. 76, num. 2, de la Constitución? Además, se ha quebrantado mi derecho a la defensa consagrado en el art. 76.
b) El mismo informe precisa mi situación personal cuando establece mi calidad de “ex esposa de  Chauvín”, circunstancia que contradice con la inexacta afirmación que “Chauvín (...)  traspasó la conducción a su esposa Catalina Campos” (sic).
Es evidente que en eventos de carácter político o académico, de ámbito internacional, organizados formalmente por entidades, organizaciones o colectivos de varios países, las responsabilidades mal podrían endosarse de una persona a otra, aunque esta sea una ex compañera y, peor, a título personal. No tiene seriedad una apreciación tan subjetiva. En la pág. 46 del  Informe se hace una presunción semejante.
c) Se pretende presentar al  Encuentro Bolivariano (de pública y abierta convocatoria y concurrencia, pues incluso se colocaron afiches en plazas, calles, universidades, sindicatos, barrios, y se enviaron boletines), como  un acto conspirativo, auspiciado y financiado por entidades políticas insurgentes de otros países, situación que no aconteció, al extremo que en la pág. 52, penúltimo párrafo, al hablar del “Auspicio del Municipio de Quito”, se dice: “Catalina Campos se encargó de coordinar los esfuerzos para gestionar permisos, apoyos personales y aportes de las entidades públicas y privadas”.
 ¿Cómo podría suponerse  que si hubiese existido financiamiento externo, como también se indica, se habría necesitado “aportes personales y aportes de entidades públicas y privadas”? De lo que conozco, se solicitó apoyo público porque se trataba de eventos académicos sobre el pensamiento bolivariano.
Debo precisar que estas responsabilidades, hasta donde conozco, las realizó otra persona de mi mismo nombre pero de otro apellido. De otra parte, ¿desde cuándo tener simpatías con el pensamiento bolivariano es “prueba” de nexos con grupos al margen de la ley?
d) Sobre las penurias económicas del evento, en la pág. 50 del Informe,  una de las preocupaciones es “que no se promoviera, desde el Gobierno y sus instituciones, una política de información sobre estos encuentros”. Me parece absurdo presentar un evento académico sobre el pensamiento del Libertador, de puertas abiertas, como un foro cuasi “terrorista”.
¿Desde cuándo puede haber actos públicos, de abierta convocatoria, para impulsar actividades al margen de la ley? Un asunto distinto, ajeno al encuentro, es que alguien hubiese decidido ir al nororiente del país. Es de suponer que algunas personas habrían sido invitadas o tuvieron ese  interés, pero ese desplazamiento nada tenía que ver con el Encuentro.
Un debate académico, como es obvio, debía llevarse a cabo en un centro cultural, por ello se solicitaron locales como la Casa de la Cultura o universidades. ¿O es que debían llevarse las discusiones en calles o esquinas? Todos los debates, además,  eran públicos.
3. Como ciudadana  y  estudiante es  obvio que, a título personal, si me entero que existen estudiantes que no tienen dónde dormir, procure solucionar estos inconvenientes. Pero este proceder solidario no muestra nada  ilegal ni que sea “responsable de la logística”. Hasta las congregaciones religiosas muestran solidaridad y buscan un trato digno a las personas que asisten a sus eventos.
Al igual que otras personas, me enteré que habían concurrentes que no tenían albergue, por ello procuré ayudar, situación que demuestra que no había  “financiamiento extranjero”, y que era indispensable solucionar los problemas  presentados.
Insisto, si alguna duda tuvieron de mi proceder personal los señores miembros de la Comisión, ¿por qué no me llamaron a declarar? ¡Así se hubiesen evitado tantas imprecisiones y se hubiesen respetado mis garantías constitucionales!

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