La coincidencia de reacciones adversas al informe presentado por la denominada Comisión de Angostura muestra con claridad la inutilidad de un mecanismo evidentemente pensado en función de impactos políticos, mediáticos y clientelares antes que con el objetivo de buscar la verdad.
Absolutamente todos los sectores involucrados (de derecha e izquierda, nacionales e internacionales) han rechazado las conclusiones del documento, tanto por su poca novedad como por su escaso rigor investigativo.
En esa medida, no se explica por qué los directivos de la comisión aplazaron varias veces la fecha de la entrega del informe y concedieron entrevistas periodísticas que crearon un ambiente de expectativa (por ejemplo, al hablar de “la narcopolítica en el Ecuador”) y que estas opiniones no se pudieran sustentar en el informe.
A propósito de este obvio fracaso de una instancia creada desde el Gobierno Nacional y que, de paso, subestimó y creó desconfianza en la capacidad del poder Judicial, es importante que esta experiencia sirva para que el movimiento oficialista en el poder, con el Ejecutivo a la cabeza, reflexionen acerca de la pertinencia de ese mecanismo.
El Régimen ha creído encontrar en la formación de comisiones una herramienta para agilizar la investigación y legitimar políticamente sus tesis sobre el grave daño que hicieron a la sociedad ecuatoriana algunos gobiernos anteriores, pero con magros resultados. La mejor manera de hacerlo, sin cálculos efectistas, sería dejar que las instancias institucionales pertinentes demuestren en los hechos “los cambios radicales y democráticos para un nuevo Estado”, como predijo el oficialismo cuando redactó la Nueva Constitución.