2 de julio de 2017   00:00

11 delatores de Odebrecht ocuparon cargos claves en Ecuador

Según la fiscalía brasileña, los países que han solicitado documentos sobre el caso Odebrecht podrán enviar a sus fiscales para recibir las pruebas desde el 1 de junio, al vencer el plazo de sigilo internacional. Foto: Archivo EFE

EL COMERCIO identificó a 11 delatores claves del caso Odebrecht que estuvieron en Ecuador en diferentes años y pudieran esclarecer el esquema de pago de sobornos. Foto: Archivo EFE

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Gabriela Quiroz
Sara Ortiz

Tras el destape del mayor escándalo de sobornos de la historia, liderado por Odebrecht, Ecuador lleva seis meses buscando cómo desentrañar la red de corrupción que se tejió durante sus 30 años en el país.

EL COMERCIO identificó a 11 delatores claves que estuvieron en Ecuador en diferentes años y pudieran esclarecer el esquema de pago de sobornos de la filial ecuatoriana, que se convirtió en una de las principales contratistas del Estado.

Ellos son parte de la “madre de todas las delaciones”, como se conoce en Brasil a los acuerdos de colaboración premiada entre fiscales de la Operación Lava Jato y más de 70 directivos y empleados de la firma.

El diario Estadão de São Paulo publicó una lista de 71, entre delatores y ejecutivos, que colaboran con el Ministerio Público de ese país. Entre ellos constan los directivos que negociaban y manejaban contratos en Ecuador.
 
Sus nombres son parte de las nóminas de seis empresas que Odebrecht ha operado en el país y que registra la Superintendencia de Compañías, desde 1993, aunque la empresa opera en Ecuador desde 1987.

7 obras antes de la crisis

En los primeros 21 años de operación (1987-2008) destaca la presencia de Luiz Mameri, quién ascendió a líder de Odebrecht para América Latina y Angola tras conocer a fondo el Ecuador y otros países. Este ingeniero tenía conexión directa con el sector de Operaciones Estructuradas, ahora más conocida como departamento de sobornos.

Como apoderado de dos de las firmas de la constructora en Ecuador ganó experiencia y bajo su liderazgo se adjudicaron siete contratos por más de USD 100 mil millones.

Infografía delatores de Odebrecht en Ecuador

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada en 2007, analizó estas obras y en su informe evidencia que la característica común de estos proyectos fue la constante variación entre los montos contratados inicialmente y los costos finales.

Por ejemplo: el primer contrato de 1987 para el trasvase del río Daule a Santa Elena tuvo un valor inicial de USD 176,6 millones y al final la inversión fue de USD 238,25 millones. Esto se respaldó con un contrato modificatorio y tres complementarios. Otro tramo de este proyecto se adjudicó en 1992 por USD 160,9 millones, pero el monto total ejecutado se duplicó a USD 333,8 millones con seis contratos adicionales, apunta el informe.

Cuatro años más tarde, a través de la Asociación Amazónica, conformada por Odebrecht y cuatro firmas nacionales, asumió la construcción de la vía Interoceánica Norte, que era parte del proyecto “Manta-Manaos”. Esta obra vial pasó de USD 80,5 al doble con seis adendas (órdenes de trabajo y/o cambios), con las cuales se justificó la ampliación del plazo de entrega de 30 a 67 meses.

La misma práctica se evidenció en las obras complementarias de infraestructura en Santa Elena y en la hidroeléctrica San Francisco. Antonio Daiha Blando y Paúl Elie Altit, otros dos apoderados que llegaron a fines de los 90 y que integran la lista de delatores, estuvieron en Ecuador mientras se desarrollaban estos proyectos.

La construcción de la represa San Francisco se adjudicó en consorcio con la italiana Ansaldo en el 2000 y su contrato inicial fue suscrito por Mameri. La obra, de igual forma, presentó variaciones en su costo por siete de las 10 adendas firmadas. Estos convenios estuvieron a cargo de seis brasileños: Gustavo Texeira, José Mortani, Fernando Santos Reis, Emyr Diniz Costa, Marco Vasconcelos Cruz y José Santos. Los cinco últimos colaboran con la justicia carioca.

Pero por las irregularidades halladas en la edificación y en el convenio de crédito atado al proyecto del Banco de Desarrollo de Brasil, el expresidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht, en octubre 2008.

Además, ordenó la revocatoria de visas de Mameri, Eduardo Gedeón, Fábio A. Gandolfo, Fernando F. Meias. Estos dos últimos ejecutivos revelaron un pago de un millón de dólares, por lo que se arrestó al exministro, Alecksey Mosquera.

Otro delator que laboró en Ecuador antes de la expulsión fue Paulo Yue, de la división de Transporte de Odebrecht.

Las crisis con San Francisco causó la suspensión de tres proyectos conquistados por Fernando Santos Reis. Estos son: el Multipropósito Baba, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y el sistema de riego Carrizal-Chone (fase 2), que también han sido cuestionados.

Por ejemplo, el Carrizal fue una obra adjudicada en consorcio con Hidalgo e Hidalgo, en el 2006, por USD 102 millones con aval de la Procuraduría y la Contraloría. Pero tras una denuncia de sobreprecio de una comisión ciudadana, se firmó un contrato adicional, dos años después, en el que se redujeron USD 18 millones. La edificación del aeropuerto del Tena también se paralizó, pero volvió a manos de Odebrecht, a través del Consorcio Tena.

Ocho proyectos tras el retorno

Para julio del 2010, el Gobierno y la empresa superaron el impasse con un acuerdo transaccional en el que jugó un papel estratégico José Santos, director y superintendente. El pacto consistió en que los brasileños asumieran la reparación de San Francisco, a cambio de que el Estado dejara sin efecto ocho glosas de la Contraloría, archivara el juicio por supuesto peculado, despejando su regreso al país.

En este juicio fueron procesados Emyr Costa, Gustavo Teixeira, Afranio De Oliveira, Eduardo Mortani, Sadioel De Freitas, Ewaldo Zambelli y José Santos. El 5 de noviembre del 2010 fueron sobreseídos.

Tras el regreso, Mameri ha venido al país esporádicamente con dos pasaportes, desde el 2011. Su última visita fue el 18 de enero 2016. Su delación es clave para conocer cómo fue el esquema de corrupción.

Desde Brasil, Mameri ha extendido sendos poderes especiales para la firma y manejo de contratos. José Santos es uno de esos beneficiarios, que le permitieron suscribir los contratos de construcción de dos tramos de la Ruta Viva y el trasvase Daule-Vinces (2012). Este ingeniero habría entregado videos que evidencian pagos ilegales a funcionarios públicos.

Desde el 2010 mantuvo una presencia constante en Ecuador. El flujo migratorio al que este Diario accedió muestra 145 ingresos al país, principalmente, de Brasil, Perú, EE.UU. y Panamá. Su última salida a Brasil fue el 26 de julio del 2016, cinco meses antes de que se incluyera a Ecuador en el escándalo de sobornos.

Para los contratos relacionados con la central Manduriacu (2011), remoción de tierras de la Refinería del Pacífico (2012), el acueducto La Esperanza y Poliducto Pascuales Cuenca (2013), Mameri extendió poderes a los ingenieros Claudemir Dos Passos, Ricardo Vieira, Mauricio G. Neves, Geraldo Pereira y al abogado Thiago de Paula Ribeiro. Se desconoce si estos son informantes.

Al igual que en la primera etapa, los proyectos adjudicados también evidencian variaciones en sus valores. El costo de la hidroeléctrica Manduriacu se elevó 58% (USD 59 millones) más del contrato original, a través de tres contratos complementarios y obras de compensación. En el poliducto, el incremento fue de USD 126,6 millones, según Petroecuador.

El último contrato adjudicado fue para la fase 2 del Metro de Quito, en el que se otorgó un poder a Sadioel De Freitas, sobreseído por San Francisco y uno de los últimos apoderados hasta que se destapó el escándalo, donde hay 10 detenidos.

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