24 de agosto de 2014 00:29

Los indígenas en Ecuador tienen su estructura judicial

Los dirigentes de El Cercado (Imbabura) realizaron un baño ritual a un supuesto infractor. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Los dirigentes de El Cercado (Imbabura) realizaron un baño ritual a un supuesto infractor. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacciones Sierra Norte (Contenido Intercultural)

La mujer juega un papel protagónico en la aplicación de la justicia indígena en el país.

Las madres de familia son las encargadas de transportar el agua fría y cortar la ortiga madura para el baño de purificación de los infractores.

Según Marco Guatemal, vicepresidente de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), esa función la cumplen las campesinas, pero no como un castigo sino como una forma de corregir.

También comenta que ese es el paso final de un proceso de administración de justicia a cargo de los líderes de cada jurisdicción indígena. “La Constitución faculta a las autoridades de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas a apli­car normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos”, explica.

En Tungurahua, por ejemplo, una comisión designada por una asamblea comunitaria se encarga de resolver los litigios y dar un veredicto.

Manuel Ainaguano, presidente del Movimiento Indígena de esa provincia, argumenta que la comisión tiene la obligación de hacer un seguimiento en los procesos que se resuelven bajo ese sistema judicial. “En casos de muerte o asesinato de una persona, los familiares del responsable deben velar por la crianza de los niños y por su cónyuge”.

Las comunidades indígenas de Cañar también tienen una forma similar de resolución de conflictos y delitos. Allí, por ejemplo, el afectado denuncia el caso a los dirigentes de la comunidad, quienes hacen las primeras indagaciones. Luego, informan de lo sucedido a los vecinos y con el apoyo de los adultos mayores invitan al infractor a conversar. Si se opone lo detienen a la fuerza.

Entonces, se instaura un tribunal abierto, que se realiza con la presencia de todos los miembros de la comunidad.

Ahí se realiza un careo entre el afectado, que puede presentar tres testigos, y el acusado, al que le pueden acompañar hasta tres familiares.

Como en otras provincias con población nativa, en Imbabura los dirigentes y yachay (sabios) actúan como jueces.

Según José Criollo, presidente de la comunidad de Huaycopungo, Otavalo, la sentencia la decide la mayoría de la comunidad. “Todos tienen derecho a opinar. Las autoridades hacemos lo que determina la asamblea, pero respetando los derechos humanos”.
Finalmente, las mujeres deben ejecutar la sanción.

Según Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), la justicia ancestral soluciona desde peleas entre esposos, problemas con los hijos, trata de personas, robos, líos de linderos, accidentes de tránsito… “Para eso tenemos normas, principios y autoridades que aplican sanciones de acuerdo con la gravedad del delito”, detalla la dirigente.

En esta dinámica, indica, hay cinco tipos de sanciones. La primera es moral, como un llamado de atención, y se aplica en presencia de los comuneros.

La segunda se trata de una sanción física, con un baño de purificación y latigazos. También hay corrección económica, que en algunos ámbitos puede reparar el daño causado.

La cuarta es el trabajo comunitario. Y la sanción más drástica es la expulsión de la comunidad. Esta se aplica a los reincidentes que no quieren rehabilitarse.

Según Pedro Solano, presidente de la comunidad de Quilloac, en Cañar, la justicia consuetudinaria o de los pueblos ancestrales busca que el infractor alcance la armonía consigo mismo y con la comunidad.

Para los indígenas, los principios fundamentales son: ama killa, ama llulla, ama shua (solidaridad, reciprocidad y colectividad). La retención de las personas en un centro de rehabilitación es contraria a su justicia, explica Criollo. En su criterio, se destruye a las familias y los detenidos aprenden malos hábitos.

Justicia indígena es purificadora

Ab. Mario Ruiz | Esp. en Derecho Constitucional y Pluralismo Jurídico

La justicia indígena no es una respuesta a la falta de confianza en la justicia ordinaria. Se trata de una práctica milenaria de los pueblos originarios, que existía antes de la creación del Estado ecuatoriano. Sin embargo, la resolución de la Corte Constitucional trata de poner límites a esa legendaria práctica , especialmente en los delitos contra la vida. Vale aclarar que mientras el Estado impulsa la escuela clásica penal, con el endurecimiento de las sanciones, la justicia consuetudinaria busca purificar la sociedad. En casos de asesinato no solo se baña al culpable. Él tiene que responder económicamente a los familiares de la víctima. Se hacen seguimientos.

En contexto

El 30 de julio, la Corte Constitucional resolvió ayer que los casos de muertes violentas cometidas por gente de comunidades indígenas fueran juzgados solamente por la justicia ordinaria. Luego, los dirigentes dijeron que sí aplicarán sus normas.

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