10 de abril de 2018 16:09

Indicios penales, destitución y multas, en informe de deuda contratada entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017

El contralor Pablo Celi (centro) presentó este lunes, 9 de abril del 2018, el informe del examen especial a la deuda entre 2012 y 2017, que contiene 18 recomendaciones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi (centro) presentó este lunes, 9 de abril del 2018, el informe del examen especial a la deuda entre 2012 y 2017, que contiene 18 recomendaciones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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Luego de nueve meses de trabajo, la Contraloría presentó este lunes, 9 de abril del 2018, los resultados finales del examen que realizó a la deuda contratada entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017.

El informe, que realiza cinco observaciones al manejo del endeudamiento público, determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa -con multa y destitución de acuerdo con el caso- en contra del expresidente Rafael Correa y de funcionarios y exfuncionarios de cuatro entidades.

Estas son los ministerios de Finanzas y de Hidrocarburos, Petroecuador y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Los indicios de responsabilidad penal se derivan de las observaciones de Contraloría al Decreto 1218, que dispuso cambios en el cálculo de la deuda en relación con el PIB, y a los tres acuerdos ministeriales con los que se declaró secreta la deuda.


Según Contraloría, tendrán que responder penalmente por estas observaciones el expresidente Rafael Correa; Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas; William Vásconez, subsecretario de financiamiento público, entre otros.

“Los señalados penalmente no pueden apelar el resultado del informe”, dijo Alfredo Corral, excontralor y veedor del examen. Los señalados por responsabilidad administrativa tienen 90 días para apelar.

Correa, en su cuenta de Twitter, rechazó este lunes el informe y dijo que la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, contradice las conclusiones. La funcionaria dijo que de acuerdo con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, aún no se ha superado el techo legal para el endeudamiento, que es del 40% frente al PIB.


Preventas deben calcularse como deuda

Los saldos devengados y pendientes de las operaciones por ventas anticipadas de petróleo deben ser parte del cálculo de endeudamiento público y publicarse en el sitio web del Ministerio de Finanzas. Así lo dispone el informe de Contraloría.

El artículo 130 del reglamento del actual Código de Planificación y Finanzas Públicas señala que la venta anticipada de un bien o servicio de una empresa pública no es endeudamiento. Sin embargo, según el informe de Contraloría, el crudo no es propiedad de Petroecuador sino del Estado.

Además, menciona que los ingresos recibidos por preventas fueron utilizados para dar liquidez al Estado. De ahí que, según la entidad, las preventas no son operaciones comerciales, sino de endeudamiento.

Contraloría recomienda a la Ministra de Finanzas y al Gerente de Petroecuador que, en caso de nuevas preventas, estas deben cumplir los requisitos establecidos para una operación de deuda pública y someterse a la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento.

Finanzas, además, debe emitir una nueva normativa técnica sobre endeudamiento público y operaciones conexas, así como otras operaciones de financiamiento, como las preventas.


Deuda pública sobrepasó el techo del 40%

La Contraloría señala en el documento que, de acuerdo con la información del estado de situación financiera consolidado del sector público no financiero, la deuda pública llegó al 52,5% del PIB en diciembre del 2016.

Por tanto, el monto sobrepasó el límite del 40% en relación con el PIB, permitido por el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Según la entidad, el Gobierno tendrá que pedir autorización a la Asamblea Nacional para emitir nueva deuda. Además, elaborar un plan de sostenibilidad fiscal, de acuerdo con lo que dispone el Código en su art. 124.

En el examen también se realizó una observación al Decreto Ejecutivo 1218, que dispuso que para el cálculo de la deuda no se tomasen en cuenta compromisos entre instituciones del Estado.
La metodología para el cálculo, que comenzó a regir desde octubre del 2016, según el informe, no está prevista en la ley.

La recomendación de Contraloría es que se presente un proyecto para derogar este Decreto.

Finanzas, además, debe publicar la información de deuda agregada y conciliar los valores de endeudamiento que registran las subsecretarías de Contabilidad Gubernamental y la de Financiamiento.
 

Petroecuador no se endeudará para el Fisco

María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, y Carlos Tejada, gerente de Petroecuador, deberán “dejar insubsistente” el convenio de cooperación interinstitucional 2014133, firmado el 2014, que permitió que la petrolera estatal consiguiera recursos financieros para el Estado.

El convenio abrió el camino para que Petroecuador concretara operaciones crediticias atadas a petróleo con bancos chinos.
Según el informe de Contraloría, un exmiembro del directorio de Petroecuador reconoció que el convenio “distorsiona el objeto y finalidad para lo cual fue creada”, dice el documento.

Por esta observación, la Contraloría señaló responsabilidad administrativa contra los exministros de Finanzas y el subsecretario de financiamiento público del período en examen.
Además, contra quienes fueron los miembros del Directorio de Petroecuador y sus gerentes; contra los exministros de Hidrocarburos y los representantes de la Senplades.

Contraloría recomendó a Petroecuador que cualquier operación nueva de crédito se realice exclusivamente para el uso de la petrolera, en proyectos de inversión y programas afines con su objeto. “No para la liquidez para la caja fiscal”.

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