Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explicó el proceso de despido de 15 funcionarios. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en una entrevista con este Diario explicó cómo fue el proceso de despido de 15 funcionarios, el pasado jueves 2 de junio, y a cuánto asciende la deuda que tiene el Estado con esta institución de educación superior.
En cuanto, al primer tema, Ponce señaló que fue un proceso que llevaba algún tiempo; precisó que en el 2012, cuando el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) evaluó el período 2009-2011 sacaron “excelentes notas” en todos los indicadores como la academia, la investigación, la infraestructura; pero en el indicador de gasto administrativo no fue así.
“Ahí nos percatamos que teníamos un exceso de gasto administrativo. La norma dice que el gasto administrativo no podrá superar el 35% del total de la masa salarial y nosotros estábamos con un gasto del 45%”, indicó.
Tras la evaluación, dice, tomaron medidas para incrementar la planta docente para que de esta manera el porcentaje de gasto administrativo se justifique; sin embargo, a medida que se tomaban acciones se avanzaba muy poco para cumplir con el indicador.
Ya a finales del año pasado, en el proceso de elecciones para la nueva dirección, Ponce contó que dentro de su plan de trabajo, discutido de septiembre a enero propuso disminuir ese indicador en cinco puntos.
La reducción de los 15 funcionarios representaría una disminución de un gasto aproximado de USD 1 700 000 anual.
En cuanto a cómo se seleccionó al personal que iba a ser despedido, el Director explicó que se lo hizo mediante un estudio técnico que tomaba en cuenta las cargas de trabajo y el número de personas que tenía cada unidad administrativa.
Puso como ejemplo el personal que trabaja en la biblioteca como catalogadores. Había cuatro, ellos catalogaban en promedio cuatro libros por día, cuando los estándares latinoamericanos indicaban que en promedio un catalogador debe trabajar 10 libros por día.
“Es un tema de productividad, se decidió reducir a dos y hacer un seguimiento para que se ajusten a los estándares internacionales”.
Las unidades en las que se redujo el personal fueron en la biblioteca, la subdirección administrativa y financiera, adquisiciones, administración de bienes, la unidad de relaciones académicas internacionales, librería y relaciones públicas.
En promedio las reducciones por cada dependencia fueron de uno o de dos personas por unidad.
El criterio fue reducir personas que percibían altos sueldos para que de esta manera el número de trabajadores despedidos sea menor. Aclaró que este proceso se determinó por cada unidad por ejemplo, si se tenía dos catalogadores que gana uno USD 2000 y el otro USD 1000 fue despedido quien ganaba USD 2 000, porque es quien recibe mayor indemnización.
Otro parámetro fue el apartar de la institución al personal que ha trabajado 15 a 17 años, que le faltan dos o tres años para la jubilación o que a su vez por todos los años de trabajo reciban una ‘buena’ liquidación.
“A los trabajadores se les notificó el viernes, todos firmaron el acta de conformidad y todos recibieron el cheque certificado que ya debe estar cobrado..Ninguna de las 15 personas se negó a recibir la liquidación”, resaltó. El total de las indemnizaciones es de USD 580 000, todas fueron cobradas, indicó.
El acta de conformidad implica que están de acuerdo con el despido y la indemnización.
Ponce explicó que a todos se les trató bien para que lleven sus cosas y que él sepa no se registraron incidentes.
“No se prevé más despidos porque con este proceso ya se cumplió con el indicador”, dijo.
El Director de Flacso señaló que cuatro o cinco trabajadores de los 15 que fueron despedidos le solicitaron que se les liquide porque por su edad ya estaban próximos a jubilarse.
En cuanto, a la deuda que tiene el Estado con Flacso, Ponce se refirió a que son cinco meses en las transferencias y el monto que se adeuda es de USD 6 millones que están destinados a sueldos, salarios y becas. Sin embargo, aclaró que no se ha dejado de pagar sueldos ni que las becas han sido afectadas porque han tomado precauciones con un fondo de liquidez.